El PP teme que los ataques de Mayor Oreja abran una brecha con sus bases

El PP ha recorrido todas las tonalidades de discurso sobre la estrategia antiterrorista, en la oposición y en el Gobierno. Con Jaime Mayor Oreja como ministro del Interior, en lo que él mismo llamó “tregua trampa”, excarceló a 180 etarras e incluso el portavoz de aquel Ejecutivo de José María Aznar, Josep Piqué, explicó un plan para ofrecer asesoramiento jurídico a 304 terroristas huidos para ofrecerles su reinserción, parecido al que ahora planea el Gobierno de Rajoy. “Yo soy el primero que les animo a que vengan a España”, dijo Mayor Oreja en octubre de 1998 sobre ese plan.

Además, con Mayor Oreja de ministro se acercaron al País Vasco a 135 presos etarras. Al volver a la oposición, el PP se manifestó casi cada sábado contra la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero y Rajoy dijo aquello de “usted traiciona a los muertos”; luego pasó a orillar la lucha contra ETA como arma política y ahora en el Gobierno aplica planes para reinsertar presos, repatriar prófugos y excarcelar enfermos. Al final de ese trayecto, Rajoy se enfrenta a las voces que, desde dentro del partido, le critican por supuesta cesión a la banda. Ese grupo lo encabeza Jaime Mayor Oreja, quien ayer en la Cope aseguró que con esas decisiones “se da fortaleza a ETA”. Fuentes de La Moncloa y de la dirección del PP minimizan esas críticas, por minoritarias, y añaden que desde hace tiempo las opiniones de Mayor están en clara minoría en el partido. Según el Gobierno, no hay cesión alguna a ETA, sino la aplicación estricta de la legalidad.

Sin embargo, esas fuentes admiten cierta preocupación porque, aunque minoritaria en el partido y en la sociedad, la posición de Mayor Oreja representa al PP histórico con arraigo en sus bases y reconocen que, tras la brecha por medidas como la subida del IVA, podría provocarse una nueva con este asunto, mientras UPyD toma esa bandera política. Y se mantienen a la espera de la opinión del entorno de José María Aznar, que siempre es radical en ese asunto, al menos, desde que dejó La Moncloa. El caso del eurodiputado Alejo Vidal Quadras, otro de los críticos, se ve en el partido como un proceso para crear plataformas o formaciones al margen del PP. Dirigentes admiten que ha faltado explicación del Gobierno en el caso Iosu Uribetxeberria, dando la impresión de que va a remolque de los hechos o de la presión de la huelga de hambre de presos de ETA.

El Ejecutivo de Aznar hizo un plan para etarras huidos igual que el de Rajoy

Mayor Oreja sigue teniendo un papel relevante en el partido como portavoz del PP en el Parlamento Europeo, lo que le permite participar en las reuniones de estrategia —conocidas como maitines— de los lunes, aunque esas reuniones han dejado de ser operativas en esta legislatura, ya que no hay ningún miembro del Gobierno presente. Fuentes populares explican que en la anterior legislatura, en presencia de Rajoy, Mayor intervenía en casi todas las reuniones para exponer su visión crítica de la estrategia sobre ETA del partido, basada en el pacto y en sacar de la disputa la lucha antiterrorista. Sus opiniones eran escuchadas, pero no compartidas y ni siquiera rebatidas por nadie. Ayer mismo, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, remarcó que el año pasado hasta 350 presos obtuvieron el tercer grado por padecer enfermedad terminal como el secuestrador de Ortega Lara. El dirigente popular invitó a los críticos a que se expresen en los órganos de dirección del PP a los que pertenecen. Aseguró que no recuerda haber escuchado a Vidal Quadras hablar en el Comité Nacional.

El eurodiputado: “Se está alimentando un proceso de ruptura de España”

Tampoco la dirección del PP vasco comparte las críticas de Mayor, que se iniciaron con la decisión de rectificar las posiciones que los populares habían mantenido en la oposición respecto a las ilegalizaciones. Rajoy ha amenazado hasta ahora con proceder contra las formaciones abertzales si incumplen la ley y criticó la decisión del Constitucional de permitir la inscripción de Bildu, pero pactó con el PSOE en el Congreso una iniciativa que excluía nuevas ilegalizaciones y no ha emprendido acción alguna. Fuentes del Gobierno y del PP admiten su preocupación por la posición crítica que mantienen algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, alineadas con Mayor Oreja y con la estrategia radical de los populares en la primera legislatura de Zapatero. Por eso, la dirección del partido intentó hace meses aproximarse a ellas con reuniones del ministro del Interior, Jorge Fernández, y de dirigentes del PP para explicarles su actuación. Ahora, el Gobierno intentará retomar los contactos y presentará en septiembre una iniciativa para reformar el Código Penal y establecer la reclusión permanente revisable a los 30 años para terroristas. Esta medida, que tendrá una tramitación parlamentaria que no terminará antes de 2013, será casi simbólica, ya que solo podrá ser aplicada a delitos cometidos después de la entrada en vigor de la reforma. Si se cumplen las expectativas, ETA ya no atentará y, por tanto, no se aplicará y serán solo fuegos artificiales para satisfacer a ese sector. Por la presión de ese sector, que el propio partido alentó en otras legislaturas, el Gobierno evita dar por hecho públicamente el fin de ETA, aunque lo admita en privado y tome medidas que lo aceptan implícitamente, como retirar escoltas.

El PSOE mantiene su apoyo, aunque no ha sido informado por el Gobierno, tal y como aseguró Óscar López, responsable de Organización.