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Interior plantea una iniciativa para el retorno de etarras que estén huidos

Los que no tengan causas pendientes con la justicia podrían regresar sin que se les impute pertenencia a banda armada si se desvinculan de ETA

Jorge Fernández, durante una comparecencia parlamentaria.
Jorge Fernández, durante una comparecencia parlamentaria.

El Ministerio del Interior quiere ofrecer a los miembros huidos de la banda terrorista ETA la posibilidad de volver a España, siempre y cuando se desvinculen de la organización. Aún no están cerrados todos los puntos de la iniciativa, pero hay unas líneas generales sobre las que ya está trabajando el ministerio. En principio, aquellos sin procedimientos judiciales abiertos, sobre los que no exista una orden de busca y captura, si dieran el paso de alejarse de ETA podrían volver sin temer que se les impute un delito de pertenencia a banda armada, según fuentes conocedoras del proyecto. Estas fuentes aseguran que se cumplirá la ley en todo caso y que se verificará cuidadosamente si la persona tiene delitos por los que debe ser juzgado o cumplir condena. Aún no está claro cómo deberá comprobarse la desvinculación de la banda.

Los que tengan cuentas pendientes con la justicia seguirán teniéndolas. En estos casos, si tras regresar a España son condenados o tenían ya una sentencia que cumplir, si se desvincularan de ETA podrían incorporarse de inmediato al plan de reinserción de presos anunciado el pasado abril por Interior. De esta forma, podrían ingresar directamente en una prisión vasca y tener acceso a beneficios penitenciarios si cumplen con todos los requisitos que contempla el Código Penal.

Los huidos etarras son unos 300 según cálculos del Ministerio del Interior. La asociación de víctimas Dignidad y Justicia, sin embargo, cifra en 184 el número de miembros de la banda terrorista que se encuentran en distintos países de Europa, África y América. Afirma que hay 141 con orden de busca y captura dictada por la Audiencia Nacional y otros 43 sobre los que no pesa ningún requerimiento judicial —aunque la asociación plantea que deberían ser imputados—.

En principio, y salvo que se abran nuevos procedimientos, estos últimos podrían volver sin problema, pero siempre existe la duda. Porque lo que muy pocos tienen es información precisa. Muchos de ellos no saben con seguridad si tienen alguna causa pendiente (porque se haya interrumpido el plazo de prescripción o alguien les haya involucrado en algún delito) o si podría haberla. No saben si nada más llegar a Euskadi van a ser acusados de formar parte de una organización que, aunque ya no mata, todavía está activa. Por eso, el plan se centra también en la información, en establecer algún canal para que los huidos puedan conocer su situación y lo que les espera si regresan. Se trata de un programa que tendrá que contar también con el apoyo de las embajadas españolas en determinados países.

Los que tengan que cumplir condena podrían ingresar en cárceles vascas

La casuística de los huidos es muy diversa. Los hay que siguen activos como miembros de ETA, en Francia o en otros países europeos como Reino Unido o Italia, adonde se están marchando para evitar la presión policial francesa. Otros ya no colaboran activamente con la banda, con la que tienen una mayor o menor vinculación según los casos. Algunos llevan poco tiempo fuera. Otros, décadas, como los deportados en los años 80 a través de acuerdos entre los Gobiernos de Felipe González y algunos países de acogida en África y América. Algunos viven escondidos o con documentación falsa. Otros, residen y trabajan tranquilamente en sus casas, como los que viven en Venezuela.

La inminencia de la iniciativa sobre el retorno y reinserción de huidos la anunció veladamente el pasado 9 de agosto el ministro del Interior, Jorge Fernández, en una entrevista concedida a Efe. El ministro apostaba por un modelo de disolución de la organización terrorista similar al desarrollado en Italia en los años 80 con las Brigadas Rojas, y señalaba que iría acompañado por medidas de reinserción individualizada de los presos y, en su caso de “los refugiados y huidos que tengan cuentas pendientes con la Justicia”. “Siempre en el marco de la Ley”, añadía. Fernández aseguraba en esa entrevista que el cese de la violencia de ETA es “irreversible”; que su aparato militar está “inactivo”; y que su diezmada estructura logística se limita a mantener la comunicación entre sus “escasos” militantes y de custodiar la red de zulos donde la banda conserva su armamento.

Se abriría un canal de información para que sepan qué tienen pendiente

Al primer plan anunciado por el ministerio, el de reinserción de presos, aún no se ha acogido ningún recluso. Pero Interior quiere también impulsarlo a partir de septiembre, comenzando con las llamadas “aulas de convivencia” en las prisiones, para fomentar el debate interno dentro de las cárceles y tratar de que, aquellos que lo deseen, se sustraigan a la férrea disciplina del colectivo de presos.

Ante una banda terrorista que, aunque anunció el pasado 20 de octubre el cese definitivo de la violencia, aún no se ha disuelto, el Gobierno cree que, en algún momento, los presos y huidos querrán una solución aunque esta tenga que pasar por cumplir con la legalidad, paso que ya dio la izquierda abertzale cuando aceptó pasar por los requisitos de la Ley de Partidos para ser legalizada.