Varapalo del Gobierno de Rajoy a la política urbanística balear

Durante su reciente visita al Palacio de Marivent, en Palma, Mariano Rajoy ensalzó la figura del presidente balear, José Ramón Bauzá, de quien afirmó: “Se está comportando como un gobernante serio”. Apenas cuatro días después, el Ejecutivo central ha puesto en tela de juicio uno de los ejes del primer año de gobierno de Bauzá: su política urbanística.

Este viernes, el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOCAIB) anunció la creación de una comisión bilateral entre el Estado y el Gobierno autonómico para revisar a fondo el llamado decreto Company, la base de las nuevas y polémicas directrices urbanísticas de las islas. El decreto, bautizado con el nombre de su impulsor, el consejero de Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, podría presentar indicios de inconstitucionalidad en siete de sus artículos y disposiciones adicionales. Entre otras medidas, la norma reduce los trámites necesarios para edificar, permite la aprobación de proyectos sin la necesidad de presentar informes medioambientales, valida la recuperación de urbanizaciones construidas en áreas protegidas por la Ley de Espacios Naturales y autoriza la construcción en zonas costeras cercanas a núcleos urbanos.

La portavoz adjunta del Gobierno balear, Margalida Durán, negó rotundamente la posible inconstitucionalidad del texto: “Lo tenemos clarísimo”, aseguró, aunque matizó que “sí se ha creado una comisión para estudiar unos artículos, pero por cuestiones técnicas, y no políticas ni de fondo”. La oposición tilda de “chapuza” un decreto que el Parlamento autonómico, con mayoría del PP, convirtió en ley en el mes mayo.

Desde su llegada al poder, y apoyado en esta y otras normas, el Gobierno de Bauzá ha puesto en marcha una política urbanística encaminada a retirar las barreras proteccionistas sobre el territorio. Su proyecto emblema es la construcción de un complejo hotelero en el entorno de la playa virgen de Es Trenc, un arenal de más de cuatro kilómetros al sur de Mallorca. El proyecto contempla 1.200 plazas turísticas, un campo de golf y zonas polideportivas. Además, se ha impulsado y avalado la construcción de otros cuatro complejos de lujo, dos de ellos muy próximos a espacios naturales. Más de dos decenas de urbanizaciones que estaban congeladas se han reactivado por el procedimiento preferido por el PP balear: el decreto ley. En tan solo año, ha aprobado hasta dieciséis, para rehacer normativas tan dispares como la ordenación territorial, la gestión de la radiotelevisión pública o la legislación sobre el juego. Un grupo de juristas de la Universitat de les Illes Balears ha denunciado lo que considera “un abuso, una carga de profundidad contra la democracia y una vulneración de la Constitución”.