Un sistema paralelo

Quedan 15 días para que los inmigrantes sin papeles se queden sin derecho a la atención sanitaria. Quien solo haya leído el BOE no tendrá ninguna duda. Pero quien haya escuchado a responsables políticos, desde algunos consejeros hasta el mismo Ministerio de Sanidad, puede tener una idea más confusa. Aparte de las embarazadas, los menores y las urgencias, cada día hay una declaración sobre mantener la atención a crónicos —los más prudentes, como el propio ministerio o Madrid— o a todos —Andalucía, País Vasco, Cataluña—.

Pero las buenas intenciones no bastan. Y, mucho menos, en un sistema tan burocratizado como el sanitario. Porque en abril, cuando Sanidad decidió dejar fuera del sistema a estas personas, lo tenía fácil: bastaba con cruzar los datos de las tarjetas sanitarias con la Seguridad Social, y desconectar las que pertenecieran a personas que no hayan cotizado nunca (aunque sea porque no pueden, como los sin papeles). Hacer esto es sencillo. Revertirlo, mucho menos. Sin tarjeta no hay cita; sin cita no hay consulta, y, sin esta, no hay receta o prueba diagnóstica. El sistema queda cerrado a cal y canto.

Ya intuía la Consejería de Salud de Valencia este problema cuando dijo, al anunciar una insumisión que ya no mantiene, que crearía tarjetas autonómicas para los inmigrantes sin papeles. Pero de aquello nunca más se supo. Del resto de los insumisos no se ha oído una idea parecida. Las buenas intenciones son un primer paso necesario, pero no suficiente.

La llave la tiene el Gobierno central, y no parece que vaya a dar marcha atrás

La primera opción para cumplir lo anunciado sería revocar la decisión. Pero eso no está en la mano de las consejerías. La llave la tiene el Gobierno central, y no parece que vaya a dar marcha atrás.

Queda la opción de crear un sistema autonómico paralelo. Uno en el que cada comunidad expida su propia tarjeta. Teóricamente, pueden hacerlo. Las restricciones legales que emanan del Gobierno central solo se aplican a la baja. Es decir, el ministerio, con sus reales decretos leyes y sus órdenes, lo que dice en la práctica es que, como mínimo, hay que atender a los asegurados. Pero si una comunidad asume el coste puede ampliar las prestaciones.

La clave está en que lo financie. El País Vasco dice que puede asumir la atención de sus sin papeles. Otras comunidades difícilmente van a poder conjugar esa prestación con la solicitud de ayuda económica al Gobierno central. Pasar de las declaraciones a los hechos no es tan fácil. Ya lo ha dicho el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo: hay que buscar los resquicios. En dos semanas.