Fuentes pide al director de la Policía que intervenga en el caso ‘Interligare’
El excomisario considera que los autores del informe pudieron utilizar "datos tendenciosos"
Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información en la etapa de Juan Alberto Belloch al frente del Ministerio del Interior, ha pedido a la Dirección General de la Policía que investigue si los agentes que hicieron los informes del caso Interligare han incurrido en faltas graves o muy graves. Fuentes solicita al director general, Ignacio Cosidó (PP), que se determine si los policías han violado el secreto profesional o han emitido informes que, “sin faltar abiertamente a la verdad, la desnaturalicen, valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos”.
Fuentes, que está en segunda actividad (prejubilado) en el Cuerpo Nacional de Policía, ha confirmado a EL PAÍS que depositó el pasado viernes un escrito en el registro de la Dirección General de la Policía. Esta deberá contestar si admite o no la solicitud.
Informes realizados por agentes de la Brigada central de Delincuencia Económica han vinculado a Fuentes con una supuesta trama de corrupción montada con la tapadera de la empresa Interligare. Esta compañía estaba dedicada a “investigación, desarrollo e innovación alrededor de los sistemas de investigación, inteligencia y tratamiento avanzado de información estratégica”. El ex comisario general fue consejero de Interligare durante 2009.
Gabriel Fuentes tramitó su escrito basándose en la ley orgánica 4/2010 del Régimen Disciplinario de la policía. Apela a los artículos 7 y 8. Su solicitud se basa en los dos documentos parcialmente publicados por El Mundo sobre el presunto escándalo.
El artículo 7 establece que incurre en falta muy grave “la violación del secreto profesional cuando perjudique el desarrollo de la labor policial, a cualquier ciudadano o a las entidades con personalidad jurídica”.
El artículo 8 ve falta grave emitir informes “sobre asuntos de servicio que, sin faltar abiertamente a la verdad, la desnaturalicen, valiéndose de términos ambiguos, confusos o tendenciosos, o la alteren mediante inexactitudes, cuando se cause perjuicio a la Administración o a los ciudadanos, siempre que el hecho no constituya delito o falta muy grave”.
En las pesquisas realizadas durante 2011 y 2012 por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica, supuestamente sin autorización de sus inmediatos superiores, se atribuye vinculación con la presunta trama de corrupción a Fuentes, a Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex jefe superior de Policía de Madrid, y a Luis Luengo, ex comisario general de Extranjería y director general de Infraestructuras del Ministerio del Interior en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba. Según esos informes, Interligare obtuvo pingües beneficios con la mediación de esos ex altos cargos y a través de esa empresa pudo ser espiada la sede central del PP en Madrid.
El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se quejó ayer de que el PP dé crédito a unas “mentiras” que él considera “bazofia”.
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