El PP utiliza datos “no corroborados” para acusar a Rubalcaba de espionaje

El PP se ha agarrado de nuevo a un bulo para lanzar una campaña contra el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que se señala como jefe de una trama de corrupción y espionaje. El ataque se basa en una noticia publicada por El Mundo, que asegura que ex altos cargos de Rubalcaba, cuando este era ministro del Interior, montaron a través de la empresa Interligare una trama corrupta para recibir irregularmente contratos públicos y para espiar al PP. El watergate español lo llaman, aunque todo se sustente en informaciones “no confirmadas ni corroboradas”, según señala el propio informe policial en el que se basa la noticia. Además, los hechos están pendientes de que un juzgado se haga cargo de ellos. No hay ningún imputado, no ha sido denunciada ninguna irregularidad y todo se basa en una falsedad: los beneficiarios de los contratos jamás trabajaron con Rubalcaba (aunque sí con el ex ministro Ángel Acebes) y habían abandonado la citada empresa cuando, según El Mundo, la trama resplandecía. Suficiente para el PP, cuyo vicesecretario y portavoz, Carlos Floriano, a través del mismo diario, sentenció: “La presencia del sello Rubalcaba es indudable”.

Las acusaciones contra Rubalcaba se basan en un informe realizado por una unidad de la Brigada central de Delincuencia Económica, que dirigía el comisario Jaime Barrado. El informe subraya que su autor ni siquiera está seguro de dónde está la sede de Interligare. Las pesquisas de esa unidad, cuyo responsable no informó a su inmediato superior de lo que hacía, se inició por la denuncia de un trabajador de la empresa que no había cobrado. La denuncia recaló en el juzgado 3 de Aranjuez (Madrid) en noviembre pasado. Era una denuncia más contra Interligare, declarada insolvente y con 18 causas por impagos a empleados y Seguridad Social. El juzgado de Aranjuez se ha inhibido por una cuestión de competencia que está pendiente de resolverse en la Audiencia de Madrid.

El informe asegura que Luis Luengo, responsable de Infraestructuras con Rubalcaba, adjudicaba de forma irregular suculentos contratos a sus amigos Gabriel Fuentes y Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex cargos policiales y consejeros de Interligare que jamás han trabajado para el que fuera ministro del Interior y que hoy lidera el PSOE. Ambos fueron consejeros de Interligare, constituida en octubre de 2004, que se dedicaba a facilitar software de inteligencia, en realidad, programas para cruces de datos.

Luengo, comisario de policía, ingeniero y alto cargo en la UE durante todo el Gobierno de Aznar, había llegado en julio de 2007 a Interior, donde como director general de Infraestructuras y Material de la Seguridad era el encargado de la adjudicación de proyectos. Conocía de sobra a Rancaño y Fuentes. Estos estaban ya en Interligare cuando fueron adjudicados a esta empresa contratos para montar un sistema informático para el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista o Instituciones Penitenciarias (este último fracasado finalmente).

Rancaño, jefe superior de Policía de Madrid nombrado por el Gobierno del PP, y Fuentes, subdirector de Interior con Acebes, se fueron de Interligare en diciembre de 2009, aunque la inscripción de su renuncia se hizo en octubre de 2010. Pero el informe policial insiste en que ambos seguían en la empresa en 2011, motivo por el que Luengo seguía dándole contratos. Este cargo de Interior, cesado en marzo de 2011, tenía colocados a dos hijos en Interligare. A partir de diciembre de 2010, Interligare comenzó una caída en picado, hasta declararse insolvente. Los impagos llevaron a sus trabajadores a denunciar a la empresa en los juzgados: ni cobraban ni la empresa había pagado a la Seguridad Social.

Fue entonces cuando el asunto llegó a la sección de Delitos contra la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica. Tras investigar el asunto, hablar con los trabajadores y saber por la Seguridad Social que no había delito, la citada unidad hizo un informe el pasado 9 de enero, en el que al final e inopinadamente denuncia: “Se participa que por informaciones recibidas y no confirmadas ni corroboradas, una de las sedes de la empresa Interligare estaba ubicada en la calle Génova 15 frente a la sede de un partido político, pudiendo ser utilizada como base para posibles interceptaciones telefónicas”.

Interligare está en Génova 15, junto a la sede del PP, pero también cerca de la Audiencia Nacional, el Supremo, el Consejo del Poder Judicial, y los ministerios del Interior y Administraciones Públicas.... Una zona que, por cuestiones de seguridad, está plagada de inhibidores de frecuencia, por lo que hay días en los que es difícil hablar por el móvil.

El Mundo aireó la sospecha por “informaciones no corroboradas” recordando que Dolores de Cospedal denunció en agosto de 2009 que el PP estaba siendo espiado porque la cadena de televisión Cuatro había revelado una conversación de ella con Francisco Granados, entonces alto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre. La cadena explicó al PP que fue el propio Granados quien reveló el contenido de la conversación a la citada cadena.

El comisario Barrado ha sido relevado de su cargo por el nuevo comisario general de Policía Judicial, José García Losada, inscribiendo su destitución dentro de la “remodelación” de su departamento.