El número de presos españoles en el extranjero se dispara con la crisis

“¡Estefanía Gutiérrez, al teléfono!”, grita alguien al otro lado del móvil. Se escuchan niños jugando, mucho movimiento, nadie diría que está oyendo el sonido de la vida dentro en una cárcel. La prisión de Palmasola, en la ciudad amazónica de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, es una de más conflictivas de Latinoamérica. Estefanía Gutiérrez, una muchacha de Valladolid, es una de los 2.443 españoles que están presos en la actualidad en cárceles fuera de España. De ellos, el 83% por delitos relacionados con el tráfico de droga.

En los últimos cuatro años, el número de detenidos en otros países ha aumentado en 637 personas, un 33% más. Muchos son los que tratan de solucionar sus problemas económicos de forma ilícita en el extranjero y casi todos a través de la misma vía, el consumo o el tráfico de drogas.

Estefanía Gutiérrez tiene 23 años pero ya sabe lo que es jugársela fuera de su país. Mientras trabajaba como camarera, conoció a unos mafiosos que le ofrecieron 8.000 euros por llevar a España seis kilos de cocaína en una maleta desde el país andino. Pero no era tan fácil como le hicieron creer y permanece allí desde diciembre de 2011.

“Me dijeron que sería muy sencillo, que ellos se ocupaban de comprar a un policía en el aeropuerto y que no tendría problemas. Era mucho dinero, y muy fácil”, explica al otro lado del teléfono. Es la clásica historia, la misma que ha llevado a 2.009 españoles a las cárceles de todo el mundo.

De los casi 1.300 presos españoles que hay en Latinoamérica, 1.196 (el 95%) está en prisión por delitos vinculados a las drogas, la constante de los españoles que cumplen condena en cárceles de todo el mundo. Los otros delitos más comunes son robos (3,4%), homicidios y asesinatos (2,3%) y estafas (1,1%).

El Ministerio de Asuntos Exteriores, junto con la ONG Movimiento por la Paz, lleva 12 años lanzando campañas de concienciación, ya que los delitos perpetrados fuera de España son juzgados con la legislación del país donde se han cometido. “La gente no suele saberlo, pero en algunos países el consumo es motivo de pena de muerte”, explica un portavoz del ministerio, Jesús Díaz. En el caso de Bolivia, donde hay 80 presos españoles, su legislación es muy severa con este tipo de delitos. Contempla penas de 10 a 20 años por tráfico, y de ocho a 12 por transporte.

Han pasado ocho meses desde que la joven fue detenida y ni ella ni su familia saben cuándo se celebrará el juicio. “Me han dicho que podrían caerme ocho años”, comenta resignada. “Ahora sé que 8.000 euros es muy poco dinero para la situación en la que estoy”, añade.

Esta joven ha tenido que vivir todo esto prácticamente sola. “Antes venía un conocido a visitarme, pero hace ya bastante que no sé nada de él”. Miembros del consulado español en Bolivia también se han acercado un par de veces a verla. “La primera vez me dejaron algo de dinero, porque aquí todo funciona pagando. Después ya no, dicen que es por la crisis”. El consulado debe avisar a la familia de los detenidos siempre que lo soliciten expresamente. Ella desconocía esta posibilidad y hasta hace poco tiempo nadie en España sabía que estaba presa al otro lado del Atlántico.

Movimiento por la Paz trata de completar la asistencia consular a los presos. “Ellos tienen necesidad de contacto con el exterior, nosotros les enviamos prensa, les tratamos de facilitar la comunicación con sus familias…”, explica María José Moreno, miembro de esta organización. Además, se preocupan de las necesidades de cada preso, como la atención médica o jurídica. “Si necesitan medicinas, tratamos de enviarlas, e instamos a los consulados a que les atiendan”, añade.

Gutiérrez aún no cuenta con una sentencia firme, por lo que no puede solicitar su traslado a España. Ella lo sabe y lo acepta. Pero alberga esperanzas. Bolivia es uno de los 31 países que tienen convenios para hacerlo.