La rebelión de los alcaldes obliga al PP a frenar la reforma que les quita poder
El Gobierno aplaza la discusión de la norma al constatar la oposición de sus ediles Miles de municipios pasarían a depender de las diputaciones si se aprueba la reforma
Lunes, 30 de julio. Reunión del Consejo Nacional de Administración Local, presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. Muchos temas, pero uno de especial sensibilidad para los alcaldes presentes: el anteproyecto de la ley que reformará la Administración Local, una norma que, según temen muchos regidores, les restará competencias en favor de las diputaciones provinciales. Para su sorpresa, sin embargo, el asunto desaparece del orden del día; se pospone hasta nueva orden. El aplazamiento refleja la toma de conciencia del Gobierno de Mariano Rajoy de que su plan para los Ayuntamientos puede provocar una auténtica rebelión, según le han transmitido discretamente numerosos alcaldes del PP.
Aunque son varios los asuntos de los que discrepan, destaca entre ellos la capacidad que el Ejecutivo quiere dar a las diputaciones para que se hagan cargo de servicios municipales en las localidades de menos de 20.000 habitantes (el 95% de los 8.116 municipios españoles). Algunos alcaldes lo consideran una verdadera “intervención” de esos Ayuntamientos.
Ni escuela ni dispensario
El anteproyecto de reforma de la Administración Local establece los servicios mínimos que deben prestar los Ayuntamientos, en función de su población. A todos los municipios les corresponde ocuparse de las siguientes competencias: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas. Los de más de 5.000 habitantes tienen a su cargo, además, los parques, bibliotecas, y mercados públicos, y el tratamiento de residuos. Los de más de 20.000, la Protección Civil, la prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas.
Se suprimen, para todos, las competencias en sanidad y educación, que ahora prestan muchos Ayuntamientos a través de dispensarios y escuelas infantiles (aunque el grueso de la competencia es de las comunidades). Los sindicatos creen que eso conllevará despidos.
En el borrador del Gobierno, que llegó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el 13 de julio, se expone: “En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, las comunidades autónomas encomendarán a las diputaciones la prestación común y obligatoria de todos o algunos de los servicios mínimos cuando no sea eficiente la prestación en el ámbito municipal”. Los Ayuntamientos tendrán un año, a partir de la entrada en vigor de la ley, “para hacer una evaluación de sus servicios y ajustarlos a los principios de sostenibilidad financiera”. Una vez hecho ese estudio, podrán suprimir servicios que no sean esenciales, y el resto “podrán privatizarlos, siempre que no realicen funciones públicas”. Las diputaciones se harían cargo de los servicios que se considere que los Ayuntamientos no puedan garantizar.
La oposición de la mayoría de regidores es rotunda, según fuentes de la FEMP. “El anteproyecto rezuma intervencionismo y tutela y, sin embargo, no soluciona el problema fundamental de los Ayuntamientos: la financiación”, afirma un miembro de la federación que preside el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP). Este acaba de llegar al cargo y se ha puesto manos a la obra para convencer al Gobierno de que modifique el anteproyecto. De la Serna pide tiempo para negociar con Hacienda y apela a la “prudencia”. El vicepresidente primero de la FEMP, el socialista Abel Caballero, ya le ha comunicado su máxima disposición al diálogo.
Los ediles consultados abominan de casi todo el texto. A algunos el modelo les parece “preconstitucional” porque cercena de manera “arbitraria” la autonomía municipal alegando criterios de “eficiencia económica”. “Solo falta que los gobernadores civiles nombren a los alcaldes”, ironiza el titular de política municipal del PSOE, Gaspar Zarrías. “Vamos a oponernos a esa intervención encubierta de miles de Ayuntamientos que quedarían como meras oficinas administrativas”, avisa.
El plan del Gobierno promete un ahorro de 3.500 millones, pero Zarrías ve detrás de eso “el desmantelamiento de los servicios públicos”: las diputaciones, subraya, no son órganos para “prestar servicios”, por lo que al final serán empresas privadas las que se hagan cargo de gestionarlos.
El Gobierno anunció también hace tres semanas la modificación de la ley electoral para recortar gastos, reduciendo en casi un tercio el número de concejales en España: de los 68.578 actuales se pasaría a 47.240, con un límite máximo de 35 ediles. Una medida que entraría en vigor en las próximas elecciones municipales y que tampoco ha caído precisamente bien entre concejales y alcaldes.
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