Hacienda ahorra 4,7 millones de euros al suprimir la indemnización a altos cargos

El Ministerio de Hacienda ya ha hecho las cuentas. Las arcas públicas se ahorran 4,7 millones de euros al no abonar por primera vez en democracia las indemnizaciones que durante 24 meses cobraban los exministros y ex altos cargos salientes de un gobierno y de órganos constitucionales. De los 85 cargos susceptibles de cobrar el 80% de su sueldo base durante dos años, 55 han respondido y de ese bloque 21 han optado por cobrar esa paga mensual en vez de otra remuneración que venían cobrando. Una treintena no ha respondido acogiéndose también a la ley que consideraba el silencio como la renuncia a la indemnización compensatoria. Es decir, todos han tenido que optar entre la indemnización y otro sueldo que tuvieran o incluso la pensión.

En todo caso, los que han preferido quedarse con la retribución por su antiguo cargo solo tienen por delante 18 meses, ya que todos han consumido ya ocho meses de percepción. Cuando se cumplan los dos años volverán a retomar la percepción a la que ahora han renunciado. Así se ha cumplido el decreto ley de 14 de julio, que daba hasta el 1 de agosto para optar entre la indemnización o un sueldo público, privado o pensión. Ese decreto sobresalió sobre todo por imponer nuevos ajustes a los funcionarios públicos, singularmente, la pérdida de la paga extraordinaria de Navidad.

Entre estos casos de ex altos cargos de la Administración y de órganos constitucionales que han optado por la indemnización en vez de por otra percepción, no están los miembros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero que ahora son diputados. Todos ellos renunciaron a la indemnización para quedarse con el sueldo de diputado aunque es menor que el que podrían recibir como exmiembro del gobierno. La instrucción la dictó la dirección del grupo socialista y todo el mundo acató. Por tanto, todos ellos solo han disfrutado de dos sueldos desde enero hasta ahora, como ha ocurrido durante más de treinta años, menos el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, diputado por Madrid, y la exsecretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, diputada por Ourense, que renunciaron voluntariamente a la indemnización desde el primer momento.

De los exministros tan solo mantiene la indemnización la extitular de Cultura, Ángeles González–Sinde, amparada por la ley. Se trata de optar entre dos sueldos pero ella no tiene ninguno ya que la férrea ley de incompatibilidades le obliga a estar durante dos años sin volver a tareas relacionadas con su profesión de guionista y cineasta, por haber tomado decisiones sobre esas materias durante su etapa de gobierno.

El decreto establece la incompatibilidad para miembros del Gobierno, secretarios de Estado y asimilados; el fiscal general del Estado; el presidente y vocales de la CNMV y todos los organismos reguladores y de supervisión; el gobernador y el subgobernador del Banco de España; el jefe y secretario de la Casa del Rey, y magistrados del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y cargos del Defensor del Pueblo.

En cuanto a los miembros del Gobierno, tenían derecho a la pensión indemnizatoria el expresidente, 18 exministros y 39 exsecretarios de Estado y asimilados. Se han recibido 35 respuestas, de las que seis optan por mantener la cesantía, otras 29 renuncian y 23 no han contestado.

Este es el recuento que ha realizado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de los organismos afectados:

- Comisión del Mercado de Telecomunicaciones: Tenían derecho a indemnización siete personas, de las cuales tres han optado por la indemnización y otra por otra percepción que recibía. Los tres que no han contestado se incluyen en el grupo de renuncia a la indemnización.

- Comisión Nacional de Energía: De los nueve concernidos, cuatro se quedan con la indemnización por su anterior cargo y el resto renuncia y cobrará por el trabajo que ahora efectúa.

- Comisión Nacional del Mercado de Valores: La norma solo afecta a una persona que ha optado por la indemnización.

- Comisión Nacional del Sector Postal: El único concernido por la incompatibilidad renuncia a la compensación y opta por la retribución que tiene por su actual trabajo.

- Consejo General del Poder Judicial: Hay dos casos, uno opta por la indemnización y otro renuncia a ella.

- Consejo de Seguridad Nuclear: Los dos concernidos renuncian a la indemnización.

- Comisión Nacional de la Competencia: Dos cargos y dos opciones diferentes. Uno la indemnización y otro renuncia para quedarse con la remuneración por su trabajo presente.

- Tribunal Constitucional: La indemnización a diferencia del resto de los órganos solo es de un año y los tres afectados optan por ella.

- Tribunal de Cuentas: De los siete destituidos el pasado 23 de julio, cinco han respondido con la opción de la compensación indemnizatoria pero el plazo de respuesta termina para ellos el 10 de agosto. Por esta razón Hacienda precisa que se ha excluido a este órgano para hacer el cálculo del ahorro para las arcas públicas.

Muchos de los ex altos cargos de estos órganos han tenido que optar entre la indemnización y su pensión de jubilación y han optado por la primera al ser bastante superior a la segunda. Cuando se cumplan los dos años, volverán a la pensión.