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Gallardón rectifica y dejará en las Cortes la elección del Poder Judicial

El ministro de Justicia, el PSOE y el nuevo presidente del Consejo acercan posturas

Intentan evitar dar de nuevo esa competencia a los jueces

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo. EFE

El caso Dívar, la salida del anterior presidente del máximo órgano de gobierno de los jueces por el pago de sus viajes privados de fin de semana con fondos públicos, ha traído más consecuencias que el mero relevo en la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. El Gobierno ha modificado su criterio y ahora está más que dispuesto a revisar su posición de que solo se pueda elegir por y entre los jueces a la mayoría de los vocales del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia ha enviado estos días un documento al nuevo presidente del Consejo, Gonzalo Moliner, que ha recibido con la mejor de las disposiciones esa auténtica rectificación. El PSOE tampoco apoyó nunca esa idea.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy apostó desde el primer día por cambiar radicalmente la forma de elegir a los 20 miembros del Poder Judicial. Así se fijaba en el programa electoral: “Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías”. Los otros ocho vocales tienen que ser designados por el Congreso y el Senado, porque así lo señala la Constitución.

Fue esta la posición manifestada varias veces por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Apostaba por volver al modelo de los ochenta, antes de la llegada de los socialistas por primera vez al poder. Esa elección directa supondría que los conservadores, muy mayoritarios entre los jueces por el nivel de afiliación a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), prácticamente controlarían siempre el Poder Judicial, ganase quien ganase las elecciones. Por eso el PSOE cambió esa norma en los noventa.

El panorama ha variado radicalmente en cuestión de semanas. Y el punto de inflexión fue el caso del enquistado relevo de Carlos Dívar, donde la APM apostó muy fuerte por su expresidente José Ramón Ferrándiz, un candidato claramente de confrontación con el Ministerio de Justicia y con sus planes para acotar el poder del Consejo. Alrededor de la candidatura de Ferrándiz se aglutinaron al final, además y de manera muy corporativa, los vocales del Consejo que son jueces.

La solución de Gonzalo Moliner, que recabó los 12 votos necesarios para salir presidente, sumó una mayoría de vocales no jueces pero sí juristas de reconocido prestigio. Y también concitó el apoyo de dos jueces, de miembros del teórico sector conservador del Consejo y de los denominados progresistas. Esa vocación de consenso que significaba Moliner convenció al ministro, que ha perdido la sintonía con la APM y algunos de sus representantes en el Consejo y también con la vocal progresista Margarita Robles, que le ha acusado públicamente de presionarles durante las últimas semanas y que podría perder en el nuevo reparto el poder que hasta ahora tenía en la comisión de nombramientos.

Moliner ha llegado al Consejo para poner orden con sosiego y ha celebrado ya su primer pleno ejecutivo, donde intervino para llevar las riendas del debate. Este lunes convocará otro pleno especial para recortar partidas por encima del 10% en su presupuesto actual de 72 millones de euros. Se ha citado en su despacho con vocales de todos los sectores. Y ha quedado emplazado para un almuerzo con el ministro, con el que ya ha hablado varias veces y ha firmado un plan de ayuda al Tribunal Supremo, para un primer intercambio de impresiones.

La rebaja presupuestaria ha sido uno de los motivos de confrontación últimos del ministerio con el Poder Judicial. Algunos de sus funcionarios interpretaron esa demanda del Ejecutivo como una intromisión. Gallardón lo negó y Moliner la ejecutará.

Gonzalo Moliner y otros vocales progresistas del Consejo tienen, además, otra carta a su favor para establecer mejores relaciones con el ministerio. También creen, como Ruiz-Gallardón, que el órgano de gobierno de los jueces está algo sobredimensionado y que podría reducirse. El Poder Judicial mantiene ahora un pleno de 20 vocales más el presidente, todos con dedicación exclusiva, coches oficiales y sueldos que oscilan entre los 110.000 y los 130.000 euros. Y el problema no es solo de coste. También de operatividad. Muchos asuntos se llevan a pleno y suscitan discusiones poco resolutivas. Los temas de más relevancia se sustancian en secreto en otras comisiones.

La presidencia de Moliner desbloquea la relación con el ministerio

El objetivo del nuevo presidente es ser más ejecutivo, tomar más decisiones y, también, tener más voz y presencia. Se mantendrá a la actual portavoz, Gabriela Bravo, pero él se reserva comparecer para fijar posición en los asuntos más importantes. Lo dijo ya en su primera rueda de prensa.

Los primeros contactos del ministro con Moliner y de este con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, han sido positivos. El PSOE ha transmitido al ministro que el cambio de modelo de elección del Poder Judicial para favorecer a los jueces era una línea roja que no pensaba traspasar en la negociación y el ministro se ha plegado a esa demanda en favor del consenso.

Viajes opacos a la transparencia

La proclama de entrada marcada por el nuevo presidente es que el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser más transparente y accesible. Y la mayoría de los vocales, de todos los sectores, se han conjurado en ese mismo sentido. Habrá más información de las actividades y también de los viajes en la página web oficial y si los medios la demandan por un asunto concreto. Pero ni se mirará con lupa lo sucedido en el pasado, tras el escándalo de los 32 largos fines de semana de Dívar, ni se facilitarán todos los datos de todos los viajes realizados por todos los vocales. Un grupo de periodistas especializados ha reclamado por escrito esa información. En el Consejo no están de acuerdo con esa demanda.

El nuevo presidente no quiere levantar ninguna alfombra, los portavoces oficiales tampoco están dispuestos a situar a todos los vocales ante el paredón de la opinión pública y hasta los vocales del sector progresista que más se han significado por sus denuncias de gastos excesivos e injustificados en el pasado están ahora por mirar hacia adelante.

Los altos cargos del Consejo, es decir su presidente, los 20 vocales y el secretario general, gastaron el año pasado en representación y protocolo (viajes por España y el extranjero, alojamiento y comidas), un total de 830.733 euros: 470.645 fueron por desplazamientos y facturas en territorio español, y el resto, unos 360.000, en el extranjero.