La reducción del 30% de concejales no se producirá antes de 2015

Uno de los ámbitos en los que el Gobierno ha calculado que se pueden gastar hasta 3.500 millones de euros menos es en la Administración pública, pero solo con recortes en las instituciones que están por debajo de la central; es decir, las autonómicas y las locales. En esta línea, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este miércoles la reducción del 30% del número de concejales, una medida para la que solo se necesita reformar un artículo de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que es la que delimita cuántos ediles corresponden a cada circunscripción en función de sus habitantes. El cambio de esta norma requiere del apoyo de la mayoría absoluta del Congreso, de la que dispone el PP desde las últimas elecciones generales.

Sin embargo, la reducción no podría aplicarse hasta los próximos comicios, que se celebrarán en 2015 porque, de lo contrario, vulneraría la Constitución. Así, las consecuencias de la aplicación de los criterios de “austeridad” y “eficacia” en los que Rajoy basó su medida quedarán demoradas hasta dentro de tres años.

Si la reducción no se realizara en función de los tramos de población, la iniciativa afectaría a cerca de 20.500 de los 68.286 concejales que fueron elegidos en España en las últimas elecciones. Sin embargo, el recorte no se realizará sobre el número global, sino que se aplicará en función de la población, según dijo Rajoy. Así, el Ayuntamiento de Madrid perderá 17 de los 57 concejales que tiene actualmente; en Barcelona se dejarán de elegir 12 ediles, mientras que los consistorios de Valencia y Sevilla perderán diez representantes y el de Bilbao, ocho.

Según el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia Pablo Oñate, los criterios de proporcionalidad de la fórmula D’Hont se mantendrían en los Ayuntamientos de más 10.000 habitantes, que eligen como mínimo 17 concejales. Sin embargo, en los municipios más pequeños “se penalizaría a los partidos minoritarios porque la proporcionalidad de la fórmula no se mantiene cuando la elección se sitúa por debajo de unos 15 escaños”, señaló Oñate.

En su anuncio, Mariano Rajoy no hizo distinciones entre Ayuntamientos grandes y pequeños, pese a que en estos últimos —los que tienen menos de 5.000 habitantes (el 83% del total)— una importante parte de cargos electos ya no cobra.

La llamada “reforma de racionalización y sostenibilidad de la Administración local” conlleva también la delimitación de competencias, con el fin de acabar con “el problema de las competencias impropias, para que los Ayuntamientos no puedan prestar servicios para los que no se cuenta con la financiación necesaria”, según señaló el presidente del Gobierno. Esto supondrá, además, el refuerzo del papel de las Diputaciones provinciales “con el fin de centralizar la prestación de servicios”, recalcó Rajoy. El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Manuel Villoria, que cree “absolutamente necesaria” la reducción de Ayuntamientos, considera sin embargo un “error” potenciar las Diputaciones porque “no están preparadas para dar servicios, y son órganos muy politizados, con redes clientelares que dan lugar a que florezca la corrupción”.

En lo que también coincide Villoria es en la necesidad de mejorar el control de las cuentas públicas locales “mediante el fortalecimiento de la imparcialidad del interventor municipal y con funcionarios con habilitación de carácter nacional”, como indicó el jefe del Ejecutivo.

En cuanto a los sueldos, Mariano Rajoy reiteró que se homogeneizarán y se publicarán las retribuciones de alcaldes y concejales. Para ello, la ley de Presupuestos fijará cada año los baremos en función de las características del municipio.

Las empresas públicas serán también objeto de recortes ante la existencia de “duplicaciones, e incluso triplicaciones, de servicios, lo que conlleva un evidente despilfarro del gasto público”, dijo Rajoy. La medida afectará tanto a las de ámbito local como a las autonómicas, aunque el Gobierno aún no ha desvelado en qué medida las Administraciones deberán asumir esta orden.