“La culpa fue nuestra y solo nuestra”

Caride Simón, exjefe del comando Barcelona, ha reconocido ante las víctimas su responsabilidad y el sinsentido de los crímenes terroristas

Rafael Caride Simón, llega esposado al aeropuerto de Barajas, en marzo de 2000.
Rafael Caride Simón, llega esposado al aeropuerto de Barajas, en marzo de 2000.EFE

"Me gustaría saber cómo un gallego se va a Cataluña a matar a gente de toda España porque un vasco que vive en Francia le dice que tiene que hacerlo”. Es una de las preguntas que Roberto Manrique, víctima de Hipercor, tenía preparadas para Rafael Caride Simón, de 67 años, jefe del comando Barcelona en 1987 y condenado a 790 años de cárcel por el coche bomba que mató a 21 personas e hirió a otras 45. Hay más datos extraños en su biografía: fue un etarra tardío que se integró en la organización en la treintena, casado y con dos hijos.

Caride, aunque era gallego, emigró al País Vasco en los setenta. Comenzó a trabajar en una fábrica y se afilió al sindicato LAB, cercano a la izquierda abertzale. De ahí, el contacto con ese mundo y con miembros de ETA le llevó a integrarse en una organización terrorista siendo ya un adulto de cierta edad. Venía de la lucha antifranquista en Galicia, y según explicó a Manrique en su visita, en ese momento entendió “que tenía que hacerlo”.

Huyó a Francia en 1983; dos años después se integró en el comando Barcelona y otros dos más tarde regresó a suelo francés. En 1993 fue detenido en un bar de Toulouse y encarcelado; finalmente, en 2000 fue extraditado a España. Lleva 19 años en prisión. Mucho tiempo para pensar en el pasado y en el presente… tiempo durante el cual su ideario ha evolucionado hasta darse cuenta del sinsentido del gravísimo atentado —entre otros— que perpetró en 1987.

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Veinticinco años después de la matanza, Caride se ha reunido con dos de sus víctimas. Lo hizo con una mujer llamada Rosa en noviembre y con Roberto Manrique el pasado viernes. Caride culminaba así un largo proceso de desvinculación de la banda terrorista, accediendo a reunirse con víctimas que le iban a enfrentar al dolor que provocó lo que él, en ese momento, consideraba una “lucha necesaria”. Ha sido el final de una reflexión interna complicada. Difícil de digerir personalmente y más aún de exteriorizar. Porque si desvincularse de una banda terrorista nunca es fácil, cuando se trata de ETA la decisión se complica al máximo. El control férreo de la organización sobre sus reclusos dificulta cualquier iniciativa de autocrítica. Porque las consecuencias de abandonar la organización no son solo para ellos, que pierden ayudas económicas y jurídicas, sino también para sus familias. Muchos no dan el paso por el miedo de que sus padres y hermanos puedan sufrir rechazo social.

Manrique salió del encuentro convencido de que la reflexión de Caride era sincera. Le dijo que empezó a darse cuenta del horror de la matanza que había cometido en 1996, tres años después de su detención en Francia, aunque, según fuentes cercanas a Caride, ya en el momento del arresto dudaba de que ETA debiera continuar con la violencia. Poco a poco se fue convenciendo de que matar para conseguir objetivos políticos estaba mal, y, además, no servía para nada. “Frente a su actitud en el juicio, en el que culpaba a la policía por no haber desalojado el centro comercial a pesar de que habían avisado, el viernes reconoció que la culpa había sido solo suya por poner la bomba. Creo que, aunque los crímenes son irreparables, él honestamente piensa que se equivocó”. ETA tardó años en echarle del colectivo, a pesar de que su desvinculación era evidente, por miedo a la repercusión que podría tener la expulsión de un miembro tan relevante como él. Cuando ya estaba en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava), un día desapareció de la lista del colectivo oficial de reclusos de la banda. Fue en octubre de 2010.

Pero Caride representa a una exigua minoría. Junto a él fueron condenados por el atentado de Hipercor Domingo Troitiño, Josefina Ernaga (ambos sentenciados en 1989 a 794 años de prisión) y Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros, condenado también en 2003 a 790 años de cárcel por ordenar el atentado. Aunque Santi Potros fue trasladado a la cárcel de Zuera (Zaragoza) en 2009 después de mostrar su desacuerdo con la ruptura de la tregua de 2006, por el momento todos siguen siendo miembros de un colectivo de presos que se niega a hacer una autocrítica profunda. 

Sobre la firma

Mónica Ceberio Belaza

Directora adjunta de EL PAÍS, responsable de fin de semana y de la organización de la Redacción. Especializada en temas sociales y jurídicos, contó en exclusiva los encuentros entre presos de ETA y sus víctimas. Premio Ortega y Gasset 2014 por el especial 'En la calle, una historia de desahucios'. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas.

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