El juez impide la venta del yate de Díaz Ferrán

El expresidente de la patronal y exadministrador de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, no podrá sacar de España su yate de lujo, como pretendía. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado esta mañana al servicio de Vigilancia Aduanera que lo mantenga bloqueado. Ese servicio había avisado a la policía -y esta, a su vez, a la fiscalía- de que, en las últimas semanas, había recibido documentación solicitando su exportación a una empresa de las Islas Vírgenes. El juez lo ha impedido en el último momento, argumentando que deberá ser utilizado para el pago de indemnizaciones en caso de que Díaz Ferrán resulte condenado por alzamiento de bienes o apropiación indebida por la quiebra fraudulenta de Marsans.

El yate, cuyo nombre es Leuqar, el nombre de la esposa del exadministrador de Marsans al revés (Raquel), permanece atracado en el puerto de Barcelona, según fuentes de la investigación. Se trata de una embarcación de lujo de 27 metros de eslora que inicialmente se valoró en 5 millones de euros, aunque las últimas tasaciones han dado un precio inferior. Díaz Ferrán se lo entregó, junto a Marsans, a Possibilitum Bussiness, una de las sociedades del fondo buitre del empresario valenciano Ángel de Cabo -el mismo que se quedó con Nueva Rumasa para liquidarla-, que poco después declaró la suspensión de pagos de la agencia de viajes, dejando sin billetes a los clientes y sin cobrar a los proveedores.

Los investigadores consideran que, con esa operación, el expresidente de la compañía trató de salvar su patrimonio personal de la quiebra. El supuesto objetivo de la venta era que Díaz Ferrán conservase sus principales bienes, entre ellos el barco, según esas mismas fuentes, que consideran "público y notorio" que el expresidente de la patronal y su familia han seguido utilizándolo. La intención del fiscal, Daniel Campos, y del juez Velasco es evitar a toda costa que se pueda producir un alzamiento de bienes con esa venta y exportación supuestamente fraudulentas. El fin de la operación no era otro, según la investigación, que conservarlo y apartarlo del alcance de la Justicia española.

Díaz Ferrán está siendo investigado junto a su socio al frente de Marsans, Gonzalo Pascual, "por haberse apropiado indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes [de esa compañía] para la adquisición de billetes" por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El presunto fraude asciende a 4,4 millones de euros. Las penas asociadas al delito que se le imputa son de hasta seis años de cárcel. Existe una segunda querella presentada por varios proveedores de Marsans —AC, Meliá, Orizonia y Pullmantur—. En los próximos días, el juez Eloy Velasco debe decidir si se declara competente para instruirla o la cede a su colega Pedraz. Entretanto, Velasco ha bloqueado el yate para evitar su inmediata salida de España.