La Fiscalía pide dos años de cárcel para Díaz Ferrán por un delito contra Hacienda

Un día después de declarar ante el juez Santiago Pedraz por un presunto delito de malversación de fondos relacionado con la quiebra de Marsans, el empresario y anterior presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, vuelve a recibir malas noticias desde la Audiencia Nacional. Ahora, por la compra de Aerlonías Argentinas. Según informa Efe, el Fiscal pide dos años de cárcel y cuatro meses al exdueño del grupo de viajes y a su socio, Gonzalo Pascual, por no pagar supuestamente los correspondientes impuestos a Hacienda tras adquirir la compañía al Estado español. Además, también les reclama una indemnización de 99 millones.

Según subraya el fiscal Miguel Ángel Carballo en un auto, Díaz Ferrán, Pascual y el expresidente de la extinta Air Comet, Antonio Mata, no pagaron 99 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades tras la compra de Aerolíneas Argentinas en 2001. Los tres, recuerda el fiscal, eran los responsables penales y civiles de la operación realizada por la compañía aérea del grupo Marsans, que actualmente está en suspensión de pagos.

La compra, por la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió el 92% de las acciones en Interinvest (la propietaria del 92,1% de Aerolíneas Argentinas) a Air Comet, se cerró por la cifra simbólica de un dólar. A cambio, la aerolínea de Marsans se comprometió a responder por los 300 millones de dólares para pagar las deudas que arrastraba la compañía argentina. Eso sí, la compañía de Díaz Ferrán también recibió derechos de crédito por valor de 272,8 millones de dólares para poder hacer frente a los pagos. Es por este dinero por el que Air Comet debería haber ingresado a Hacienda los 99 millones.

El contrato fue suscrito por Díaz Ferrán en nombre de Transportes de Cercanías; por Pascual, en representación de Segetur, por Mata, en nombre de Air Comet, y por la SEPI. Aerolíneas Argentinas acabó siendo expropiada por el Gobierno del país en 2008 por sus graves problemas financieros.

Además de la multa, Carballo pide que los empresarios pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, el derecho a gozar de incentivos fiscales o de la seguridad social durante cinco años y que sean condenados a abonar las costas. Asimismo, para el juicio oral, el fiscal propone que se interrogue a los acusados, que declare un perito de la Agencia Tributaria para ratificar los informes periciales, así como otras pruebas documentales.

El Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión cuando el importe defraudado supera los 120.000 euros. Sin embargo, para que se les condene a pena de cárcel debería darse un delito continuado, es decir, que el fraude se hubiera cometido durante varios años seguidos y no por una operación en concreto, como es el caso.

En septiembre de 2011, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, decidió proceder contra el expresidente de la CEOE, contra Pascual y contra Mata por un delito fiscal y exoneró de cualquier actuación delictiva a la SEPI, dejando sin efecto la imputación de los tres directivos.