El PSOE remite sus condiciones a Guindos para votar la reforma bancaria
Rubalcaba reclama cambios en el decreto que el Gobierno cree inasumibles
El único asunto referido a la crisis que el PSOE y el PP han dejado al margen de la disputa en las dos últimas legislaturas es el de las medidas que tienen que ver con los bancos y cajas de ahorros. Ahora, Alfredo Pérez Rubalcaba está dispuesto a mantener el acuerdo, según fuentes socialistas, aunque sea con condiciones. Y en este momento el Gobierno de Mariano Rajoy las considera inasumibles.
La dirección del PSOE ha remitido al ministro de Economía, Luis de Guindos, un documento con sus condiciones para apoyar el jueves la convalidación del decreto ley de reforma del sistema financiero. El documento, que será hecho público hoy tras la ejecutiva del PSOE, exige que las ayudas públicas a los bancos puedan ser reintegrables, una vez que las entidades afectadas tengan beneficios y salgan de la dificultad.
Los socialistas también quieren que en el decreto ley se dé respuesta a los afectados por hipotecas impagadas, por considerar que el pacto de libre adhesión sobre los desahucios y las daciones en pago no resuelve esos casos extremos.
Igualmente, la dirección del PSOE quiere que se busque una solución para los afectados por las llamadas acciones preferentes, producto financiero que se extendió para pequeños ahorradores y que, según el propio ministro de Economía, debían haberse limitado para grandes inversionistas.
Hasta ahora, Gobierno y PSOE solo han mantenido una reunión técnica, hace dos semanas en la sede del ministerio, y los socialistas hicieron llegar sus pegas al ministro Guindos. Además, Rajoy y Rubalcaba se entrevistaron el pasado viernes y el presidente hizo llegar al líder de la oposición su interés en contar el jueves con el voto del principal partido de la oposición.
Para eso, la primera dificultad es que el Gobierno debe rectificar su posición y aceptar que el decreto se tramite como proyecto de ley, es decir, que sea posible introducir enmiendas y modificaciones. Hasta hoy, el Ejecutivo mantiene su negativa y el interés por cerrar cuanto antes la reforma del sistema financiero.
La portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, hizo el jueves un acercamiento a su homólogo en el PP, Alfonso Alonso, y la respuesta fue negativa. El PSOE asegura que sin el compromiso de ese trámite como proyecto de ley, el acuerdo es difícil, porque el texto aprobado por el Gobierno no fue ni consultado ni consensuado con ellos.
Fuentes del PP explican que, en todo caso, el PSOE no podrá dejar de apoyar el decreto el jueves, como ha hecho con todos los que tenían que ver con el sistema financiero. Además, da por seguro el voto de CiU y, quizás, el del PNV, y por tanto se hace difícil la exclusión del PSOE. Con posterioridad al decreto ha estallado la crisis de Bankia, que no está directamente afectada, pero sí forma parte del mismo asunto. En esto el PSOE es inflexible en sus críticas y en sus condiciones: primero transparencia y luego, en su caso, responsabilidad.
Para eso la Mesa del Congreso verá mañana, martes, la petición de comparecencia de los exgestores de Bankia, Rodrigo Rato, Miguel Blesa y José Luis Olivas.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya confirmó ayer en el programa A Vivir que son dos días, de la cadena SER, la intención del Gobierno de bloquear esas peticiones. Podría aceptarse la del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero al hacerlo sin fecha, podría no producirse antes de que el 12 de julio termine su mandato. El PP derivará las explicaciones a una subcomisión que funciona a puerta cerrada.
Fuentes del PSOE aseguran que su intención es insistir en esa petición de transparencia, entre otras cosas porque son conscientes del elevado grado de malestar ciudadano por la crisis de Bankia y la cifra de 23.000 millones necesarios para rescatar la entidad.
Además, el principal partido de la oposición asegura que es preciso “echar las cuentas”, sin admitir tal cual la cifra dada por el actual máximo responsable de Bankia como necesaria para rescatar a la entidad. Por eso exigirán al Gobierno datos y explicaciones públicas de cómo se produce ese rescate y de las garantías que se impongan a la entidad para, en su caso, recuperar ese dinero público si se procede a su privatización posterior.
Además, el secretario general del PSOE ha alertado del riesgo de que pueda haber un cierto efecto contagio, es decir, que otras entidades en estado de dificultad quieran aprovechar para sumarse a la petición de dinero público. Más aún en el momento en el que los auditores externos indagan sobre la situación del conjunto del sistema financiero español.
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