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Todos pierden con Dívar

El presidente arruina su imagen y pierde la batalla política

Benítez malogra la jurídica y el apoyo de sus compañeros

Robles y Almenar se dejan parte de su poder en el Consejo

Gallardón asiste taciturno a un conflicto de final incierto

El presidente del Supremo, Carlos Dívar, saluda al ministro Alberto Ruiz-Gallardón.
El presidente del Supremo, Carlos Dívar, saluda al ministro Alberto Ruiz-Gallardón. EFE

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, fue recibido esta semana con extrema frialdad por los presidentes de Sala y magistrados que integran la Sala de Gobierno del alto tribunal y, aunque nadie le criticó expresamente, cuando concluyó la reunión quedó meridianamente claro que el Supremo no le apoya, según destacaron fuentes del alto tribunal consultadas por este periódico. Dívar parece haber salvado por el momento la situación y los jueces del Supremo no parece que vayan a propiciar su caída, aunque algunos de los apoyos que recibió tras conocerse las primeras informaciones que hablaban solo de media docena de viajes a Marbella se han trocado ahora en una reprobación tácita que a medio plazo puede acabar dando al traste con sus 45 años de carrera judicial.

Dívar exhibió y apeló al decreto exculpatorio del fiscal, eludió dar detalles de sus viajes y gastos pero se ofreció a contestar si alguien tenía alguna pregunta. El silencio glacial que siguió a su ofrecimiento fue el mejor testimonio de lo delicado de su situación. Como presidente del Supremo, Dívar había invitado sucesivamente a desayunar, en un comedor de lujo que ha hecho construir en la zona noble, a la vicepresidenta del Gobierno y a los ministros de Interior, Defensa y Justicia, pero había evitado llevar a los más altos representantes del alto tribunal, y se la tenían guardada. “Nadie le criticó expresamente, pero nadie le apoyó”, confiesa uno de los asistentes. El presidente de la Sala Civil, Juan Antonio Xiol, ensayó una salida de compromiso: “Confiemos en que esto no afecte al funcionamiento del Tribunal Supremo”.

El presidente del Supremo ha arruinado su imagen y ha perdido la batalla política y mediática. Ha sido el principal perdedor de la crisis, pero no el único. En el alto tribunal más indignación aún ha provocado la actuación del vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez, por no utilizar los cauces internos del Consejo del Poder Judicial en vez de acudir directamente a la fiscalía. “Ahora va contra la fiscalía”, precisa un magistrado, “cuando fue él el que metió a la fiscalía en la guerra. Si, como catedrático de Derecho Penal, tan seguro estaba de que había delito de malversación de caudales, que hubiese puesto directamente una querella en el Tribunal Supremo”.

A Gómez Benítez le reprobaron siete de sus compañeros del Consejo del Poder Judicial, que le pidieron su dimisión, es decir, recibió más peticiones de dimisión que el propio Dívar, a quien cinco vocales de la asociación Jueces para la Democracia, encabezados por Margarita Robles, reclamaron que abandonase su cargo. Sin embargo, es precisamente Margarita Robles, hasta hace poco el auténtico poder en la sombra de la institución, otra de las principales perdedoras de una crisis que ha estado azuzando desde un segundo plano, en el entorno de una batalla que lleva librando desde que el PP accedió al Gobierno.

Hasta ese momento, Jueces para la Democracia y la Asociación Profesional de la Magistratura, a través del tándem Margarita Robles-Manuel Almenar, habían gobernado el Consejo del Poder Judicial haciendo gala de un poder omnímodo, sin apenas interferencias, mientras Dívar, aupado a la presidencia del Supremo entre el rechazo generalizado del alto tribunal, contestado la mayoría de los vocales del Consejo y sin apoyos políticos en el Gobierno socialista que le nombró, aparecía siempre descolocado.

Esa situación cambió, según explican las citadas fuentes del Supremo, con la llegada al Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón, que ha maniobrado para restar poder a los jueces del Consejo. Dívar, conservador, católico y mucho más afín a los populares, con los que siempre vota, desplegó con el nuevo Gobierno su principal habilidad: la deferencia con el poder político. Una habilidad que le ha llevado a ser el único juez de España que ha llegado a la presidencia de la Audiencia Nacional directamente desde su juzgado y sin haber formado parte de un tribunal colegiado ni haber puesto una sentencia, o a presidir el Supremo sin tener la categoría de magistrado del alto tribunal.

Dívar sintonizó con Gallardón, o este, ajeno a la carrera judicial desde que aprobó su oposición a fiscal, encontró en Dívar el interlocutor que precisaba, pero es a partir de la llegada de Gallardón a Justicia cuando Robles y Almenar empiezan a perder pie en el Consejo. Dívar traba buenas relaciones con el ministro Gallardón a través del secretario de Estado, Fernando Román. Empezaba a volar solo y a ser el interlocutor del nuevo Gobierno, cuando Gallardón le pidió un par de nombres para incorporar a las comisiones de elaboración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial. A la primera se incorporó la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, y a la segunda, el vocal Antonio Dorado. Justicia comunicó la decisión a Dívar pero este no la trasladó a Almenar y Robles. De inmediato, Robles y Almenar, a los que se unió Benítez, intentaron, sin éxito, bloquear los nombramientos.

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“Margarita pactaba con Almenar pensando que cuando llegara el PP seguirían mandando. Pero tras el cambio de Gobierno, Almenar ya no contaba para nada. El ministro se entendía con Dívar y este empezó a consolidar su propio espacio”, explican magistrados del Supremo.

En marzo, tras el encontronazo con Gallardón por la participación de dos vocales en las comisiones de Justicia, Gómez Benítez llevó a un pleno su plan para reducir gastos en el Consejo. Criticó la frecuencia y extensión de los viajes de los vocales que viven fuera de Madrid, y algunos viajes del presidente Dívar. Solo obtuvo cuatro apoyos de vocales que tienen su residencia en Madrid y muchas críticas de los demás.

A principios de abril, Benítez forzó la renuncia de Dívar a un viaje a Costa de Marfil, con un presupuesto de 13.900 euros, y un mes después denunció ante la fiscalía los seis primeros viajes de Dívar a Marbella, que luego amplió hasta totalizar la veintena. “Antes no les importaban nada los viajes del presidente, al contrario, cuanto más lejos estuviera Dívar mucho mejor”, afirma una fuente del Supremo. Con el presidente en el ojo del huracán, Margarita Robles elaboró y consiguió sacar adelante un durísimo informe contrario a las tasas judiciales que pretende imponer Gallardón.

El archivo de las denuncias de Benítez contra Dívar por parte de la Fiscalía del Supremo no constituyó ninguna sorpresa en el Consejo, en el que el grupo de Robles ya preparaba la petición de dimisión del presidente. La asociación Jueces para la Democracia, a la pertenece el sector de Robles, fue por delante en la exigencia de responsabilidades. Pero en el pleno, los vocales del sector conservador y afín al PP, tenían claro que la posición del Gobierno era no dejar caer a Dívar. El pleno se saldó con cinco peticiones de dimisión para Dívar de los jueces progresistas, a la que se sumó Gómez Benítez; siete para este vocal, cinco de consejeros afines al PP más las dos fiscales progresistas Almudena Lastra y Gabriela Bravo, además de la resistencia numantina de Dívar, que ha dejado claro que por el momento no dimite, y que tampoco va a dar explicaciones.

También en el Tribunal Supremo parecen haberse apaciguado algunas ambiciones que veían que la caída de Dívar traería movimiento en el escalafón, aunque todos son conscientes de que el presidente ha perdido la batalla política, mediática y la de la opinión pública y será difícil que acabe su mandato. Tampoco es envidiable la posición de Benítez, con amenazas de intercambio de querellas con la vocal Lastra y la reprobación de la mayoría de sus compañeros. Tras la crisis, el control del Consejo por parte del tándem Almenar-Robles parece ser historia.

Tampoco puede decirse que el ministro Gallardón haya salido “reforzado” de la crisis, término que se le reprocha haber utilizado para describir la situación de Dívar. Según un magistrado del Supremo, “Gallardón es el primer responsable político de la justicia en este país y no se le ha visto más que para decir esa tontería de que Dívar saldría reforzado de esta crisis. Le ha estallado el conflicto y ha sido un convidado de piedra. De momento, Dívar sigue, pero no se sabe qué pasará”.