'Semanas caribeñas' de Dívar

La Fiscalía del Estado ha ordenado investigar la denuncia de un vocal del Consejo del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, contra el presidente de esa institución, Carlos Dívar, por haber cargado al erario público los gastos de seis largos fines de semana en hoteles y restaurantes de lujo en Marbella. Largos, porque duraron al menos cuatro días cada uno. El mismo vocal amplió ayer la denuncia a otros 14 viajes similares, lo cual eleva a 20 el número de fines de semana cuestionados en algo más de tres años, cargados en parte al erario público: 12.996 euros. También fue necesario gastar dinero de los contribuyentes para desplazar, alojar y mantener a grupos de escoltas durante los mismos periodos. De paso nos enteramos de que a tan amplios fines de semana se alude como semana caribeña en el seno del Consejo del Poder Judicial.

Más allá de lo que depare la investigación, los ciudadanos tienen derecho a unas cuantas respuestas. ¿Qué clase de actividades oficiales desempeña el presidente del Poder Judicial, que también lo es del Supremo, en tan frecuentes desplazamientos?

El denunciante apunta —basándose en documentos que no constan en el expediente— que uno de ellos pudo deberse a la imposición de una condecoración al presidente de la Audiencia malagueña, lo cual sería un corto motivo para cuatro días de lujo; no mucho más justificable que haber dedicado otros tantos a tratar in situ con el alcalde de Málaga sobre la creación de juzgados mercantiles. Dívar debe una completa explicación. Además llueve sobre mojado porque, recientemente, hubo de renunciar a un viaje a Costa de Marfil con su séquito, que costaba 13.900 euros. Anteriormente el Consejo había rechazado un plan para dar cuenta de los viajes de sus miembros, partida a la que se destinó casi medio millón de euros en el presupuesto de 2011.

No es necesario recurrir a odiosas comparaciones con los recortes de gastos en la educación o la sanidad, ni con los miles de millones que va a exigir la salvación del cuarto banco de España, para exigir a los cargos del Estado un criterio estricto de buena administración de la magra bolsa común, sin agujerearla más allá de lo indispensable.