PP y PSOE, ante el debate de la banca pública

Desde 2009, ocho entidades financieras han sido intervenidas o nacionalizas en España, incluido el cuarto banco del país: Bankia. El Estado ha inyectado 14.346 millones en préstamos directos —dinero contante y sonante— a esas y otras entidades, ha destinado 19.300 millones a comprar activos financieros y ha asumido los 400 millones de pérdidas de Cajasur. En total, 34.000 millones que han salido de las arcas públicas (sin contar con que hay otros 80.000 millones movilizados en avales).

La posibilidad de que esta situación vaya a más —si los bancos siguen pidiendo dinero, y ayer Bankia volvió a hacerlo— ha puesto definitivamente sobre la mesa el debate de si el Estado debe aprovechar para convertir esas entidades intervenidas en una gran banca pública que facilite el crédito a familias y pymes; una fórmula desestimada hasta ahora por PP y PSOE.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a entender tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo sigue sin estar por la labor: “La única entidad de crédito pública es el ICO. Estamos hablando de bancos que han sido nacionalizados; lo que el Estado hará es, entre las distintas opciones, elegir la que sea más rentable para devolver a todas esas entidades a la normal actividad privada. Las subastas siguen adelante, habrá que dar la mejor solución”.

Sin embargo, dado que el mercado está en situación catastrófica, el Gobierno se plantea retrasar esa venta. Y esta semana el ministro de Economía, Luis de Guindos, sí sugirió que podría utilizar todas las entidades nacionalizadas —que suman casi el 20% del sistema financiero español— como una especie de banca pública hasta que sean saneadas y vendidas. De Guindos habló de “nuevas posibilidades de actuación” y añadió: “El Gobierno está haciendo una reflexión. Todas las opciones están abiertas”. “Puede parecer una contradicción que un liberal como yo esté aquí hablando de una banca pública”, llegó a señalar con un punto de ironía, “pero lo cierto es que tenemos tres bancos [Bankia, Novacaixagalicia y Cataluyacaixa] absolutamente controlados por el Estado”.

El PSOE, por su parte, parece deslizarse hacia posiciones más favorables a la banca pública después de rechazar en los últimos años esa propuesta cuando IU la ha llevado al Congreso o la expresaba su líder madrileño, Tomás Gómez. El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó ayer que la banca pública “es una posibilidad, sin duda”. “Podría considerarse. Yo soy socialista, no tengo los problemas del señor Guindos”, dijo.

Rubalcaba subrayó, eso sí, que “un banco público debe tener un estatus público: máxima transparencia y control parlamentario”. Y que tendría que centrarse en hacer fluir el crédito a las familias y las pymes y en facilitar las hipotecas, no en hacer negocio.