Una juez, en apuros por ordenar grabar una relación sexual en prisión
El Tribunal Supremo admite a trámite una querella contra la magistrada "La sexualidad pertenece al ámbito de la más estricta intimidad", señala el alto tribunal La juez ordenó la grabación del sonido dentro del marco de una investigación por corrupción El investigado no era el que estaba en prisión, sino su pareja, que nada tenía que ver con la causa El sonido ambiental del acto sexual es accesible para las partes en el procedimiento
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Durante la tramitación de la causa contra el exjuez Baltasar Garzón por las escuchas que había ordenado en prisión a los imputados en el caso Gürtel y que incluían las conversaciones con sus abogados, se hablo mucho de los límites y proporcionalidad necesarios para adoptar este tipo de medidas. Una juez de Canarias, Carla Bellini, magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, la ha llevado al límite ordenando que se grabe un vis a vis íntimo en prisión entre una persona a quien estaba investigando por un caso de corrupción y una mujer que estaba en la cárcel en ese momento pero que nada tenía que ver con la investigación en marcha.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella presentada contra la juez por los delitos de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) y contra las garantías de la intimidad. El alto tribunal defiende que es necesario investigar el asunto porque "la sexualidad pertenece al ámbito de la más estricta intimidad" y no se pueden imponer más restricciones a a estas comunicaciones que las que obedezcan a "razones de seguridad, de interés del tratamiento y del buen orden del establecimiento", motivos que se pueden aplicar al preso, pero no a aquellos que van a visitar a un recluso, como sucedió en este caso. La grabación sonora del vis a vis, y del acto sexual entre el sospechoso y su pareja es accesible para las partes en el procedimiento penal por corrupción.
El querellante es Felipe A. J., ahora imputado en las diligencias previas incoadas por la juez Bellini por el caso de Las Teresitas, en el que se investigan presuntos delitos de corrupción, cohecho y malversación de caudales públicos. Cuando se ordenó la grabación del vis a vis, según afirman sus letrados, ni siquiera estaba imputado.
A Felipe A., empleado de la empresa que vendió unos terrenos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en una operación presuntamente dudosa, la juez le interceptó primero sus comunicaciones. Sin éxito. A través de las escuchas no se obtuvo ninguna información relevante que lo implicara en el caso que se investigaba. Por ello, la juez decidió ir un paso más allá y ordenó la "interceptación, grabación y escucha ambiental de las posibles conversaciones que pudieran mantener" el investigado y su novia durante un vis a vis en prisión el 14 de octubre de 2007. El sospechoso estaba en libertad y acudía a visitar a su pareja, en la cárcel por una cuestión de tráfico de drogas totalmente ajena al caso de corrupción que investigaba Bellini.
Estas fueron las razones que ofreció la juez para ordenar la grabación: "Se estima que en sus comunicaciones personales con la que actualmente se reconoce como pareja sentimental, la interna F. E., retomará el problema que le obsesiona y preocupa sobremanera [la investigación judicial en curso], y se desahogará con una persona de su entera confianza en un lugar seguro, dándose la circunstancia de que no ha hablado con ella desde que le fue notificada su situación de imputado en las presentes diligencias". Y, en efecto, se procedió a la grabación ambiental del vis a vis íntimo para ver si, en la relajación del momento, contaba algo relevante.
Felipe A. interpuso una querella contra la magistrada que ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo en un auto dictado el 10 de abril -y notificado el jueves pasado a las partes-. El alto tribunal señala que "podrían haberse conculcado" los artículos del código penal relativos a la prevaricación y la garantía constitucional de la intimidad. No admitió, sin embargo, la querella con respecto a la fiscal del caso, que en su día no se opuso a la medida acordada por la magistrada.
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