¿Es conveniente la reinserción?

El Ministerio del Interior ha presentado un plan destinado a favorecer la reinserción de los presos de ETA que ha suscitado el rechazo de las asociaciones de víctimas. El colectivo de presos ha respondido advirtiendo que cualquier planteamiento basado en el arrepentimiento “nace muerto”. Y la banda ha transmitido, a través de los autodenominados “verificadores” (del cese de ETA), su reclamación de una negociación directa con el Gobierno para avanzar hacia “soluciones definitivas”.

El cese de la violencia sin disolución organizativa deja abierta la posibilidad de una vuelta atrás. El papel de la política antiterrorista actual sería convertir en improbable tal hipótesis. Un factor decisivo para ello será que los eventuales partidarios de regresar a la violencia no cuenten con la que ha sido siempre su bandera más seguida: la de los presos. Eso implica no la liberación de los reclusos, como reclaman la banda y su entorno, pero sí que exista una dinámica de reinserción en marcha. Sin embargo, una reforma del Código Penal introducida en 2003 dificulta extraordinariamente esa posibilidad.

El asunto viene de lejos: en los años 80 se pusieron en marcha políticas activas de reinserción destinadas a facilitar la disolución de ETA (p-m), incluyendo los disidentes que no habían aceptado la retirada. Esas políticas se intentaron trasladar luego a ETA (militar), con poco éxito.

A partir de un momento dado, el PP propuso poner fin a esa vía. El argumento era que mantener permanentemente abierta esa puerta de salida sin apenas coste estimulaba el ingreso en la banda dada la impunidad que ofrecía. La propuesta era poner una fecha tope a la posibilidad de acogerse a la oferta del Gobierno a partir de la cual no bastaría la ruptura con ETA para beneficiarse de la libertad condicional y otras medidas de reinserción. El PP llevaba en su programa de 1996 el cumplimiento íntegro de las penas, pero mantuvo políticas de reinserción individual, como la planteada en 1999 para el regreso de 300 exiliados sin causas abiertas.

La dirección de la banda, que ya en 1986 había asesinado a Yoyes cuando intentaba reintegrarse en la vida civil, siempre ha estado en contra de cualquier vía individual de reinserción. Ahora intenta mantener unidos a los presos en torno a la esperanza de una salida colectiva que les evite los costes personales de tener que evidenciar su distanciamiento. Y plantea como alternativa una negociación directa con el Gobierno sobre las “consecuencias del conflicto”, entre las que incluye, además de la amnistía, la retirada de territorio vasco de las Fuerzas de Seguridad. Considerar “técnica”, por oposición a política, una negociación con ese contenido parece una broma. Seguramente intentan utilizar la negociación sobre presos como paso previo a la de las “soluciones definitivas”: autodeterminación y Navarra.

La respuesta democrática a ese desafío pasa por un consenso entre Gobierno y oposición, incluyendo los nacionalistas, similar al que funcionó de hecho tras la ruptura de la tregua de 2006 y cuyo eje fue la negativa a cualquier negociación. Solo cuando se convencieron de que no la habría, los de Otegi dieron el paso de exigir al brazo armado el cese unilateral. La situación es ahora similar en relación a la disolución. Es posible que sean los propios presos quienes, cuando comprueben que no va a haber negociación de contrapartidas a la disolución —sin la que no puede haber medidas de reinserción— pasen a exigírsela a ETA.

Hay sectores de la sociedad española que piensan que los condenados por terrorismo no deben tener la posibilidad de acogerse a medidas de reinserción. Pero si se piensa que es deseable favorecerla, como se deduce de la propuesta de Interior, compartida por casi todos los partidos, será necesario allanar los obstáculos puestos en su momento para dificultar el acceso a esa vía. Un mínimo realismo político lleva a no ignorar que el arrepentimiento, la condena del pasado terrorista, la posibilidad de pedir perdón a las víctimas, se sitúan después, y no antes, de la decisión de abandonar la violencia. Por eso, no parece lo más inteligente dar por cerrado el asunto diciendo: reinserción, sí, pero con esas y otras condiciones previas, destinadas en realidad a impedirla.

También ha habido falta de realismo en la resolución del Tribunal Supremo sobre la condena de Otegi y los otros procesados en el sumario de Bateragune. Aunque le rebajan la pena, sigue siendo de más de seis años por intentar reconstruir Batasuna por orden de ETA. Algo absurdo desde lo que hoy es una evidencia política: que el desenlace de su iniciativa fue forzar a ETA a declarar el cese de la estrategia terrorista. Evidencia avalada jurídicamente por la sentencia del Constitucional sobre Bildu, que desautoriza el informe que atribuye a ETA el diseño, como si fuera un invento insólito, de la estrategia electoral de frente soberanista.