Seis meses, un secuestro y pocas certezas
Los dos cooperantes apresados en Tinduf (Argelia) cumplen medio año de cautiverio El golpe militar en Malí ha complicado su liberación, según admite Exteriores El rapto fue reivindicado por varios grupos terroristas, uno de ellos desconocido
Medio año ya de cautiverio y el mismo tiempo de incertidumbre. Hoy se cumplen seis meses desde que los cooperantes Ainhoa Fernández de Rincón y Enric Gonyalons fueron secuestrados por una rama de Al Qaeda en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia). La inestabilidad política en Malí —donde se encuentran retenidos— tras el golpe militar ha complicado su liberación, según admitió el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, este miércoles en el Senado. Otros dos españoles se encuentran también cautivos en el exterior: se trata de las cooperantes de Médicos sin Fronteras (MSF) Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, secuestradas el pasado 13 de octubre en el campamento de refugiados de Ifo, en Dadaab (Kenia).
"Las familias están mal, ya llevamos seis meses y parece que no hay solución a corto plazo", lamenta José Taboada, portavoz de la plataforma que agrupa a las ONG que trabajan en los campamentos de Tinduf, (Ceas-Sáhara). El pasado 5 de marzo Margallo confirmó en una entrevista radiofónica que las autoridades de Malí y de Somalia le habían dado garantías de que los activistas se encontraban en buen estado —Enric Goyanols y Ainhoa Fernández de Rincón están retenidos en Malí y Blanca Thiebaut y Montserrat Serra, en Somalia—. Pero después del golpe militar en Malí, Exteriores no ha ocultado que la situación ha empeorado. El ministro ha admitido que la asonada sobrevino cuando se estaba "muy cerca" de conseguir una solución para liberar a los dos activistas. Según explicó, el intermediario con el que estaba trabajando el Gobierno, un árabe maliense emparentado con uno de los secuestradores, "desapareció" después de que los militares sublevados se hicieran con el poder.
El intermediario con el que estaba trabajando el Gobierno "desapareció" después del golpe militar en Malí
La última noticia que se tuvo de los cuatro cooperantes fue en febrero, cuando Exteriores confirmó que el Gobierno había recibido una prueba de vida en forma de vídeo de 1' 23''. En las imágenes grabadas, cada rehén pedía a las autoridades que hicieran los esfuerzos posibles para su liberación. El grupo terrorista exige 10 millones de euros por rehén, 30 millones en total, la cantidad más elevada jamás pedida para un rescate. El Gobierno, muy implicado en la liberación, mantiene "gestiones discretas", según un portavoz, a través de la Embajada española en Kenia y Malí: el jefe de la diplomacia española ha viajado este pasado marzo a este país para recabar la colaboración de las autoridades locales.
En los seis meses de cautiverio de Fernández de Rincón y de Gonyalons la confusión informativa ha sido también protagonista: primero con la autoría del secuestro, que fue inicialmente atribuido a la rama de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) - responsables del cautiverio también en Malí de los cooperantes Roque Pascual, Albert Vilalta y Alicia Gámez en noviembre de 2009- y que la organización rechazó en un comunicado. Finalmente, un grupo terrorista disidente de Al Qaeda y desconocido, el Movimiento para la Unificación del Yihad en África del Oeste (MUYAO), reivindicó el secuestro.
"No sabemos quién ha sido, pero sí sabemos a quién beneficia su cautiverio: a alguien que quiere paralizar la solidaridad en el Sahara y atemorizar a la ayuda humanitaria, y a quien quiere desprestigiar la capacidad de seguridad del Frente Polisario", apunta Taboada, que explica que las ONG no han cesado su actividad en la zona a pesar del "acto terrorista". "Queremos demostrar que la solidaridad está por encima de los actos de terrorismo", señala. La liberación de la cooperante italiana capturada junto a ellos y posteriormente desmentida también añadió notas de caos: varios medios italianos informaron de la noticia pero el Gobierno italiano la acabó descartando.
Fernández y Gonyalons fueron secuestrados el pasado 23 de octubre en Rabuni, la capital administrativa del Frente Polisario en el suroeste de Argelia. Fernández, de 32 años, había trabajado para ONG en zonas aparentemente más peligrosas, como Líbano o Camerún. Gonyalons, de 26 años, llevaba ya un año de trabajo en los campamentos de Tinduf. Los dos llevaban ya meses fuera de casa: los últimos seis no por voluntad propia.
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