El Poder Judicial planta a la cumbre iberoamericana de justicia por Repsol

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy no enviar a ningún representante a la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana de justicia que se va a celebrar en Buenos Aires (Argentina) entre los próximos días 24 y 26, en protesta por la expropiación de YPF Repsol por parte del Gobierno argentino. "Las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno de Argentina crean un contexto que hace imposible la presencia en la cumbre iberoamericana", ha dicho la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo. Según fuentes del Consejo, desde el Ministerio de Justicia se habría hecho una indicación a los vocales para anular la asistencia a la citada cumbre, en la que España ocupa la secretaría general permanente.

El pleno del Consejo ha debatido el asunto durante esta mañana y ha decidido finalmente no enviar a ningún representante. En principio, estaba previsto que acudieran cuatro vocales. La anterior Cumbre Judicial Iberoamericana, a la que asisten representantes de los poderes judiciales de todos estos países y de los correspondientes tribunales supremos, se celebró en Uruguay y el próximo tendrá lugar en Chile. Estaba previsto que fuesen los vocales Miguel Carmona, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales; Miguel Collado, en calidad de responsable de la Escuela Judicial, puesto que hay una reunión de escuelas judiciales de forma paralela a la cumbre; Carles Cruz, vocal de modernización de la justicia, quien asistía en lugar del vicepresidente Fernando de Rosa, que declinó acudir hace dos semanas, y Antonio Monserrat, que iba en sustitución del presidente Carlos Dívar para la clausura del acto. Monserrat ya comunicó su ausencia a Argentina nada más trascender la privatización de la petrolera española.

Asimismo, el Consejo del Poder Judicial ha aprobado los criterios básicos de una propuesta de reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial que reduciría a la mitad en España las cabeceras judiciales comarcales. La idea es que haya cabeceras judiciales de este tipo por cada 100.000 habitantes, de tal forma que los usuarios puedan estar en ella en un trayecto máximo de una hora. En la actualidad, hay cabeceras comarcales para cada 50.000 habitantes y el tiempo de desplazamiento máximo está establecido en torno a 15 minutos. Los vocales se han dado un plazo de dos semanas, hasta el próximo pleno, para debatir qué cabeceras judiciales deben desaparecer y las que no, al haber desacuerdos con las que inicialmente han planteado como extinguibles cuatro vocales.  Esta propuesta del Consejo es solo una idea, ya que el Ministerio de Justicia ha creado su propia comisión de expertos para redefinir la planta y demarcación judicial en España.