Interior propone que se impute a partidos y sindicatos si sus afiliados causan daños

El Ministerio del Interior quiere atajar la posible violencia que se pueda desatar en las protestas callejeras —que previsiblemente se multiplicarán por la dura situación económica que vive España y por los recortes presentes y futuros—, y para ello ha anunciado que está pactando con Justicia una serie de endurecimientos en el Código Penal relacionados con los delitos contra el orden público. A las reformas ya anunciadas se añadirá una nueva propuesta al Ministerio de Justicia por parte de Interior, según ha confirmado a EL PAÍS el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa: la posibilidad de que las asociaciones, partidos políticos y sindicatos que convoquen manifestaciones respondan penalmente si alguno de sus afiliados participa en la protesta y causa daños con relevancia penal. Interior quiere también extender a estos delitos la responsabilidad pecuniaria de padres y tutores cuando la infracción la hayan cometido menores de edad.

“Es nuestra intención, y así se lo hemos transmitido al Ministerio de Justicia, que los daños en los bienes que se causen en las algaradas por menores de edad sean pagados por sus padres o tutores”, señala Ulloa. “Y si los autores de los daños pertenecen a un partido político, sindicato o asociación haremos que la persona jurídica responda no solo civilmente sino también penalmente”. Con esta idea, Interior pretende presionar a las organizaciones para que se esfuercen en controlar lo que ocurre en las marchas que convocan. Si durante la protesta se producen altercados y sus afiliados o militantes cometen algún delito, los convocantes podrían responder penalmente por lo sucedido.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una novedad en nuestro ordenamiento jurídico que se incluyó en la última reforma del Código Penal, del año 2010. Pero esta modificación excluía expresamente a los partidos políticos y sindicatos, por lo que se tendrá que reformar el código, en concreto su artículo 31, para que el anuncio de Interior sea viable. En todo caso, la intención es la misma que se perseguía con las demás personas jurídicas —empresas, fundamentalmente—: lograr que, para eludir la responsabilidad penal, estas adopten mecanismos de prevención y control y colaboren en que determinados delitos no lleguen a llevarse a cabo. El artículo 31 bis habla de delitos cometidos por los representantes legales y administradores de la entidad y también de los llevados a cabo por cualquier otra persona que esté a su cargo y sobre la que no se haya ejercido “el debido control”. La pregunta sería hasta qué punto puede un sindicato controlar lo que hace cada uno de sus afiliados.

¿Cuáles son las consecuencias jurídicas previstas ahora para una persona jurídica que resulte penalmente responsable? En principio la pena habitual es la multa, pero en los casos más graves se pueden acordar otras más duras como la disolución de la entidad, la suspensión de actividades o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas.

Desde la secretaría de Estado de Seguridad se señala que cuando se introdujo en el código en 2010 la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya hubo un cierto debate doctrinal sobre si debían excluirse o no los partidos políticos y sindicatos, debate que ahora el ministerio ha decidido reabrir, aunque solo en relación con los delitos contra el orden público. Desde Interior se insiste, en línea con lo mantenido por el ministro en numerosas comparecencias, en que de ninguna manera se pretende socavar el derecho de manifestación de la ciudadanía.

El Gobierno quiere atajar como sea la violencia que pueda desatarse en protestas y manifestaciones —como lo sucedido  en Barcelona durante la jornada de la huelga general, que fue incluso portada del New York Times— y cree que este tipo de situaciones ponen en riesgo la imagen de España ante los mercados. Y para controlarlas, ha decidido utilizar el Código Penal.