El Gobierno pone su foco en Griñán pese a la superior morosidad de Fabra

Andalucía es la autonomía que tiene menor deuda por habitante de todas las comunidades autónomas. El montante de facturas atrasadas en el pago a proveedores andaluces tampoco es el mayor de los presentados al Ministerio de Hacienda.

Cataluña presenta una deuda por habitante de más de 5.500 euros (por los 1.699 de Andalucía), mientras que la Comunidad Valenciana ha remitido facturas por un total de 4.069 millones de euros (por los 2.763 que ha enviado Andalucía). Madrid también sobrepasa la deuda per cápita de Andalucía, aunque los millones que invertirá en el pago a proveedores sean menos que los de comunidad andaluza. Y Castilla-La Mancha, con una de las mayores deudas autonómicas, ha presentado facturas que prácticamente se equiparan a las admitidas por el Gobierno de José Antonio Griñán, pese a que la comunidad de este preside cuadruplica en número de habitantes (8,4 millones) los que tiene bajo su mandato Dolores de Cospedal (2,1 millones).

Sin embargo, el Gobierno no se fija ni en la Comunidad Valenciana, ni en Madrid ni en Castilla-La Mancha, todas ellas gobernadas por el PP. Hablar de intervención estatal para cualquiera de ellas se antoja lejano, al igual que ocurre con Cataluña.

El foco del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP está, desde hace meses, fijado en Andalucía. Pero las andanadas se han recrudecido desde las elecciones autonómicas del pasado 25 de marzo, que dieron paso a una alianza entre PSOE e Izquierda Unida que todavía no se ha cerrado, pero que se da por hecha (aunque todavía no se sabe si habrá un gobierno de coalición o un pacto de legislatura).

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lleva semanas aireando la deuda con proveedores de la Junta de Andalucía, sin mencionar los de otras comunidades. Finalmente, ha sido la segunda comunidad en presentar un mayor montante total en facturas pero sus deudas a proveedores por habitante (327,9 euros) distan mucho de las que registra Castilla-La Mancha (1.181,8 euros), la Comunidad Valenciana (795,1 euros), Murcia (816 euros) o Cantabria (559,7).

El número dos de Montoro, Antonio Beteta, advirtió recientemente que la Ley de Estabilidad Presupuestaria abría el camino a la intervención de la comunidad andaluza en caso de que no cumpliese con el objetivo de déficit fijado para las comunidades autónomas este año (el 1,5%). Cataluña y Canarias se abstuvieron a la hora de apoyar este objetivo de déficit y Andalucía fue la única comunidad que votó en contra de marcar ese tope en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque desde el primer momento dejó claro que lo cumpliría.

“Cuando conozcamos las cifras reales de Andalucía podremos opinar. Hasta ahora tenemos miedo”, aseguró Beteta. Y nada dijo de comunidades como la valenciana cuyo presiente, Alberto Fabra, llegó a admitir no saber por dónde podría seguir recortando para cumplir dicho objetivo. Ni de Castilla-La Mancha, que se sitúa como la autonomía que más alejada se encuentra del objetivo pese a que ya aplicó un importante plan de recortes.

El Gobierno de José Antonio Griñán ha evitado entrar en colisión directa con el Ejecutivo de Rajoy, pero en los últimos días ha tomado dos decisiones que persiguen zanjar cualquier duda que pueda suscitarse sobre la salud de la tesorería autonómica. Por una parte, ha pedido que técnicos de la Unión Europea fiscalicen las cuentas autonómicas para disipar cualquier sospecha. Y por otra, ha aprobado un acuerdo de no disponibilidad de 2.696 millones de euros del Presupuesto autonómico de 2012. En la práctica, este acuerdo supone que el Ejecutivo autónomo da por hecho que el Presupuesto de la comunidad, que asciende este año a 32.020 millones de euros, va a descender en esa cantidad (lo que supone una reducción del 8,4%). Esta estimación se ha realizado calculando el impacto de los Presupuestos Generales del Estado en la comunidad, aunque es previsible que la reducción sea superior ya que los técnicos de la Consejería de Hacienda todavía tienen que afinar la repercusión en Andalucía de los recortes adicionales que el Gobierno de Rajoy ha decidido aplicar en educación y sanidad (el impacto total es de 10.000 millones de euros). El resto de autonomías sigue reajustando presupuestos sin dar a conocer en cuánto descienden sus previsones de ingresos tras el recorte de Rajoy.