La Audiencia archiva la investigación de las torturas en Guantánamo

El pleno de la Audiencia Nacional ha dado carpetazo definitivo a la investigación de las torturas en el centro de detención de Guantánamo (Cuba). En un auto del pasado 23 de marzo, conocido hoy, la Audiencia rechaza investigar a los seis asesores jurídicos del Gobierno de George W. Bush que diseñaron la arquitectura legal que sustentaba Guantánamo, entre ellos el ex fiscal general Alberto Gonzales o David Addington, ex jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney. El tribunal estima que no es competente para enjuiciarlos porque ya existe una investigación en EE UU contra ellos. Tres magistrados, en un duro voto particular, acusan a la Audiencia de avalar como ejercicio de jurisdicción independiente una "decisión política del Gobierno de EE UU" de no perseguir a los juristas, y lamentan la "absoluta impunidad" de las torturas.

La Audiencia ya se había pronunciado en contra del caso. Los magistrados archivan ahora el recurso de la Asociación Por la Dignidad de los presos y presas de España de su querella contra Jai S. Bybee, Douglas Feith, W. J. Haynes, Jhon Yoo, Alberto Gonzales, David Addington- los autores del limbo jurídico de Guantánamo- en base al llamado principio de subsidiariedad, por el que la jurisdicción española debe abstenerse de conocer de un asunto si ya está siendo investigado en el país competente por razón de nacionalidad y territorialidad, es decir, porque en el caso estén implicados sus nacionales o los hechos hayan ocurrido en su territorio.

El pleno estima que en este caso "no cabe la menor duda de que las autoridades competentes norteamericanas han realizado una serie de investigaciones y de procesos judiciales que tienen por objeto los hechos que aquí se denuncian". "No cabe considerar que ha habido una dejación en la investigación y persecución de los hechos de EE UU. Se trata de una efectiva y real actuación investigadora y procesal penal sobre los hechos", concluye el auto.

El pasado 21 de marzo, el Gobierno de EE UU requirió a la Audiencia que le cediera el caso. En un escrito que remitió casi dos años después de ser solicitado, el Gobierno estadounidense aseguraba que tanto el Departamento de Justicia como el de Defensa, el Congreso y varios tribunales están investigando hechos relacionados con supuestas torturas o con Guantánamo, por lo que sería la justicia de EE UU, y no la española, la competente para juzgar estos hechos.

Los tres magistrados que han emitido un voto particular discrepan precisamente en ese punto: entienden que no hay tal investigación en EE UU, ya que las autoridades norteamericanas han abierto un simple expediente de responsabilidad profesional contra los acusados. "Este tribunal no debería avalar como ejercicio de jurisdicción independiente e imparcial lo que resulta una decisión política del Gobierno de los EE UU de no perseguir a ninguno de los aquí querellados. Ni siquiera ha existido una especie de indagación penal dirigida por una autoridad independiente, en el que aparentemente se hubieran dilucidado las posibles responsabilidades penales, aunque hubiera concluido que se limita a poner de evidencia la falta de voluntad de perseguir", dicen en su escrito. En definitiva, concluye el voto particular, "las conductas no han sido ni están siendo investigadas, ni sus autores perseguidos penalmente en EE UU".

"Hay un dato incontestable", prosiguen los autores del voto particular. "El centro de detención de Guantánamo, en Cuba, más de diez años después de su instalación, sigue existiendo al margen de la legalidad internacional, albergando a personas detenidas como si fueran parias, sometidos al poder de los EE UU, sin derecho al proceso, sin garantías de la libertad, sin derecho a la defensa, sin acceso al resto de derechos básicos de la persona, que les son negados de manera sistemática".