Gallardón: la expropiación de YPF es un “error político extraordinario”

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha calificado esta mañana de “error político extraordinario” la decisión del Gobierno argentino de expropiar a Repsol sus acciones en YPF. Aunque se quejan de no haber sido informados directamente, los socialistas por su parte han manifestado que apoyan al Ejecutivo de Mariano Rajoy en este conflicto y le han pedido, como otros partidos de la oposición, contundencia y que solicite la colaboración de la UE. Desde la Comisión Europea se ha encomendado a los servicios comunitarios que "sigan de cerca" este asunto y le den "máxima prioridad".

“Cuando un país antepone las razones políticas a las de justicia y equidad lanza un mensaje profundamente negativo a la hora de ser seleccionado como un actor importante [de la economía internacional], que es lo que siempre consideramos que era Argentina”, ha dicho Gallardón. El ministro ha adelantado que el Gobierno español adoptará “respuestas, a través de organismos internacionales y de la relación bilateral”, sobre todo en el ámbito económico, informa Vera Gutiérrez Calvo. “Habrá una consideración de Argentina distinta a la que ha habido hasta ahora. Ese trato preferente, esa balanza de pagos desequilibrada, cambiará”, ha añadido. El ministro ha hecho estas declaraciones durante su intervención en un desayuno organizado por Europa Press.

Soria ve "poco margen para la esperanza" por "las formas" con las que se ha hecho la expropiación

Casi al mismo tiempo se pronunciaba sobre el conflicto el titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien asiste al Consejo Español de Turismo. “A partir de ayer, Argentina es un lugar menos seguro para hacer negocios”, ha dicho. Ha garantizado que las compañías españolas que operan en el país mantienen un "ritmo normal", si bien ha advertido sobre el "precedente negativo" que se sienta con esta decisión: "Se rompe la legalidad vigente para nacionalizar una empresa de otro país”. Soria ha solicitado su comparecencia "urgente" ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso para explicar la "posición" del Ejecutivo en este conflicto. Ha avanzado que ve "poco margen para la esperanza" teniendo en cuenta "las formas y los modos" con los que se ha llevado a cabo esta expropiación.

Crítico ha sido también el vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Carlos Floriano. "Argentina es un gran país pero está gobernado por gente de la que no puedes fiarte", ha lamentado en una entrevista en ABC Punto Radio. Floriano ha reconocido que si él fuera empresario "desaconsejaría" a sus accionistas invertir allí. El dirigente popular espera que las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno sean "lo más contundentes posibles" porque el país latinoamericano ha incumplido "la legislación y los acuerdos".

Los reproches a Argentina han llegado también desde las filas socialistas. Su secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica, Antonio Hernando, ha manifestado el "rechazo" y la "condena" de su partido a la actuación de Cristina Fernández de Kirchner y ha afirmado que apoyan al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que inicie acciones "legales y diplomáticas" para la defensa de las empresas españolas en el exterior. En declaraciones a Telemadrid, Hernando ha reprochado al Gobierno que ayer ninguno de sus miembros informara a algún representante del PSOE de cuál era la situación y de las decisiones que se van a adoptar, por lo que ha dicho que espera que "la llamada se produzca hoy".

Para el expresidente del Congreso, el también socialista José Bono, la expropiación de YPF es "demagogia populista aldeana". Bono ha dicho en la cadena Cope que "este tipo de cosas pasan en las democracias no asentadas".

El Gobierno ha recibido igualmente el apoyo de CiU y PNV, partidos que también han solicitado que en este conflicto España vaya de la mano de los socios europeos. El portavoz adjunto de CiU en la Cámara baja, Josep Sánchez Llibre, ha subrayado que estarán a favor de las acciones que se emprendan ante la "injustificada" intervención de la petrolera. El diputado ha calificado este procedimiento de "impropio del siglo XXI". El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha pedido al Gobierno que explique "hasta los últimos detalles" cómo se ha llegado a este punto y que, a partir de ahí, se planifique una estrategia de "intervenciones firmes y contundentes".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en una comida con los empresarios de la asociación de empresas de gran distribución AECOC, ha defendido que España está abordando las reformas y los ajustes "razonablemente bien" para acto seguido criticar que "hay sitios donde se dice que las cosas van mejor y se hacen muy mal, informa Lluís Pellicer. "No las hacemos como en algún país del cono sur, que pese a que dicen que hacen cosas, se dedican a coger empresas que hacen suyas". Mas ha censurado, además, que se haga a un precio indebido y sin justificación.

"Seriamente decepcionado"

La respuesta desde la UE la ha dado el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. "La Comisión Europea ya trasladó sus preocupaciones al Gobierno argentino, enfatizamos en la necesidad de que se encuentren soluciones de mutuo acuerdo que no dañen el clima de negocios y por eso estoy seriamente decepcionado por el anuncio de ayer", ha señalado.

Barroso espera que las autoridades argentinas "respeten sus compromisos y obligaciones internacionales, especialmente aquellos que resultan del acuerdo bilateral sobre la protección de inversiones con España".

El Ejecutivo comunitario tenía pensado expresar su preocupación por el impacto negativo que puede tener la expropiación en los intereses económicos y comerciales de la UE y en las relaciones bilaterales durante la reunión del comité conjunto UE-Argentina. Esta iba a tener lugar los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires pero finalmente se ha suspendido.

La semana pasada, la Comisión Europea dijo que está "del lado de España" en esta polémica. Reconoció sin embargo que la UE no cuenta en la actualidad con mecanismos jurídicos para presionar al país latinoamericano con el fin de que cumpla sus compromisos en relación con las inversiones de empresas de países comunitarios en su territorio.