Los peligros del copago en función de la renta

Los servicios públicos pueden financiarse usando la lógica de la capacidad de pago o la del beneficio. Según la primera, deben pagar los ciudadanos que perciben más renta, consumen más, o poseen más riqueza. Es la lógica del IRPF, el IVA, o el impuesto sobre el patrimonio, entre otros muchos. Según el principio de beneficio, deben pagar quienes se benefician directamente de los servicios públicos. El instrumento fundamental aquí son tasas y precios públicos. Estas figuras son mucho menos relevantes cuantitativamente que los impuestos y solo en el ámbito municipal generan un capítulo de ingresos significativo. Los copagos también se incluirían en este vector. El copago de las medicinas es el más conocido y generalizado en España.

Las propuestas de vincular a la renta el importe de los copagos sanitarios, las matrículas universitarias o la obligatoriedad de contratar seguros privados sanitarios a partir de cierto nivel de ingresos rompen con esta dualidad, plantean dificultades de aplicación y gestión no menores y, sobre todo, siembran la semilla de la desafección de buena parte de la ciudadanía respecto a los servicios afectados. Vayamos por partes.

Sobre lo primero, poco que decir. El que paguen más los que cuentan con mayor capacidad encaja con una filosofía de la justicia distributiva ampliamente asumida por los ciudadanos de las sociedades europeas contemporáneas. Por eso los impuestos son la principal forma de financiar los servicios públicos y el principio del beneficio es secundario a la hora de obtener ingresos. Es legítimo querer alterar el equilibrio vigente y darle menos importancia a la capacidad de pago. Lo que es criticable es querer mezclarlos.

En primer lugar, hacer que la gente pague tasas, precios o copagos por los servicios públicos en función de su renta supone olvidar que la capacidad de pago no depende solo de la renta que se declara en el IRPF. ¿Por qué debe pagar más una persona que declara 30.000 euros al año que otra que declara solo 25, pero posee 4 pisos y medio millón de euros en un fondo de inversión? En segundo lugar, ¿por qué deben pagar más los asalariados que no ocultan nada al fisco que los contribuyentes con rentas empresariales y profesionales, que cuentan con tratamientos favorables y mayores opciones de defraudar? La realidad es que cuanto más usemos la declaración del IRPF para discriminar entre individuos ricos y pobres, mayores distorsiones generaremos y mayor incentivo a defraudar en el impuesto. Incluso aunque nos olvidásemos de lo anterior, no hay que perder de vista los problemas prácticos que supondría la existencia de múltiples porcentajes de copago o la existencia de “efectos umbral”: ganar 100 euros más o menos al año puede situarte en un escalón de copago u otro, generando inequidad.

Finalmente, introducir copagos o la obligación de contratar seguros privados en función de la renta haría pagar dos veces por los servicios públicos a los ciudadanos de rentas medias y altas: una, a través de los impuestos y otra mediante el copago. Ante esa situación cabe esperar que muchos contribuyentes echen sus números y prefieran el repliegue del sector público en estos ámbitos. Les saldrá a cuenta contratar seguros privados y que los servicios públicos sanitarios o educativos se conviertan en algo residual y poco costoso, para pobres y desamparados. El copago en función de la renta es la mejor manera de alienar a quienes los sostienen financieramente.

Si se quiere que los que más tienen paguen más no hay que inventar nada nuevo. Para eso tenemos los impuestos.

Santiago Lago-Peñas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Vigo.