¿Cómo se hacen las cuentas de la sanidad?

La financiación del sistema sanitario depende, básicamente, de la voluntad de los gestores autonómicos. Salvo partidas muy pequeñas, como el céntimo sanitario (en verdad, 4,2 céntimos que se puede aplicar a cada litro de combustible) o los programas del ministerio (desaparecidos en estos Presupuestos Generales del Estado), las comunidades deciden qué gastan y cómo lo gastan, si dedican el dinero a construir ambulatorios, escuelas o teatros, por ejemplo. Esto es lo que en el sector se conoce como que no existe una partida finalista (que se dé con la condición de que debe gastarse en sanidad), según el modelo de financiación sanitaria que se aprobó cuando se completaron las transferencias en 2002, gobernando el PP.

¿De dónde viene el dinero de las comunidades?

No hay una partida estatal para sanidad. El Gobierno central hace de recaudador: da un total de lo que ingresa por impuestos a las comunidades, y estas lo pueden gastar en lo que quieran sin más condiciones. Lo mismo sucede con los impuestos autonómicos, salvo el céntimo sanitario.

¿Y el del Estado?

El Estado se nutre de los impuestos: IRPF, sociedades, capital, IVA, especiales. De ahí sale el dinero que aporta a las comunidades para que estas, que soportan el gasto sanitario, cubran las necesidades de los ciudadanos. Pero no da una partida específica para sanidad.

¿Qué papel tiene la Seguridad Social?

Aunque los ciudadanos seguimos identificando sanidad gratuita y universal con la Seguridad Social –y hasta el diccionario de la Academia lo recoge así-, el vínculo desapareció con la Ley General de Sanidad de 1986, que estableció que la prestación debería ser universal y gratuita. Lo que sucedió es que, por cuestiones burocráticas, se mantuvo el sistema de cartillas, que ligaban el hecho de trabajar –y cotizar- con el derecho a la prestación. Esta relación ha quedado definitivamente rota con la última ley de Salud Pública, de 2011, que establece que deben acabarse las excepciones para que todo español, por el hecho de serlo, tenga derecho a la atención independientemente de lo que gane o declare (de alguna manera, el DNI debería ser la cartilla sanitaria). La cantidad para Seguridad Social que se descuenta de las nóminas no está destinada a pagar la atención sanitaria, sino el paro o la jubilación. Y el mantenimiento del sistema es lo que se intentó asegurar en el pacto de Toledo. Es decir: nadie paga un impuesto específico para ser atendido por la sanidad pública.

¿Cuánto se gastan las comunidades?

Los presupuestos de 2011 de las comunidades autónomas para sanidad sumaban 57.400 millones de euros. Pero solo a los laboratorios se les deben 6.300 millones (datos a 31 de diciembre), y a las empresas de tecnología sanitaria, las que fabrican desde tiritas a marcapasos, 5.200 millones, según las respectivas patronales, Farmaindustria y Fenin. A ello hay que sumar otros proveedores (sanidad privada concertada), mas de 2.000 millones, y las farmacias (otro tanto). Y lo que haya aumentado en lo que va de año. Por ejemplo, Fenin calculaba que en febrero la deuda era ya de 5.493 millones, un 5% más. Por eso Guindos habla de 16.000 millones. La deuda ha ido creciendo año a año desde 2004, cuando se supone que estaba a cero, pero ya en 2005, primer año del Gobierno del PSOE, se hablaba de 3.000 millones. En los últimos años, al disminuir la recaudación de impuestos por la crisis, se ha disparado, y se ha duplicado desde 2008.

¿De qué depende la atención?

El principio del sistema sanitario es que se trata por igual a todos los pacientes, independientemente de lo que hayan pagado en impuestos. Nadie paga en un hospital, por ejemplo, gane dos millones o 400 euros al mes. Las únicas diferencias que hay se dan en la prestación farmacéutica. De una manera general, los jubilados no pagan los medicamentos y los trabajadores (o parados en edad de trabajar) el 40%. Hay excepciones, pero no dependen de los ingresos. Nadie paga por los medicamentos de dispensación hospitalaria (los que dan al paciente ingresado o dispensan las farmacias hospitalarias a personas con algunas patologías como cánceres y sida aunque sea para que los tomen en su casa). Los enfermos crónicos que no estén jubilados tienen un límite en la aportación del 10% del precio del medicamento.

¿Todos recibimos lo mismo?

No. Existe un catálogo de prestaciones comunes fijado en un real decreto, que ahora va a revisarse y convertirse en ley. Esto lo fija el ministerio (se supone que pactado con las comunidades) y es obligatorio. Pero fija los mínimos que debe recibir todo ciudadano. Pero las comunidades pueden exceder este mínimo -que es de los más amplios del mundo-, y, si quieren, ir más allá. Aunque no tienen demasiado margen, hay diferencia en prestación bucodental (da más País Vasco), algunas cirugías estéticas, prótesis o algunos fármacos, como los tratamientos para dejar de fumar que Navarra fue la primera en financiar.

¿Todas las comunidades ofrecen lo mismo?

Si se atiende a un reparto geográfico de la oferta, hay servicios que están concentrados en algunas comunidades. Se trata de prestaciones muy complicadas o que tienen poca demanda, y que se prestan en centros de referencia. Eso quiere decir que todos los ciudadanos pueden recibirlas, pero tienen que desplazarse. Ese traslado debe ser cubierto por la comunidad autónoma de residencia, y el ministerio dota un Fondo de Cohesión para pagar la atención.