Los colectivos protransparencia exigen rebajar los límites de acceso a información

El martes finaliza el plazo para presentar aportaciones al anteproyecto la Ley de Transparencia presentado por el Gobierno. En el momento en el que se hizo público el texto de la nueva norma, los colectivos pro transparencia ya se fijaron en las excepciones para el acceso a la información pública. Algunos de ellos ya han redactado sus alegaciones, con que el fin de que sean incorporadas al documento y, entre las consultadas, destaca la coincidencia a la hora de reclamar que las restricciones se aminoren. En cualquier caso, las distintas organizaciones no dudan en señalar lo positivo del impulso para la aprobación de una norma que permitirá que España deje de ser el único país de Europa con más de un millón de habitantes sin ley de transparencia.

El colectivo Acces Info incide en los apartados referidos a la transparencia. Considera que el derecho de acceso a la información que establece el anteproyecto “es muy limitado” y señala que las limitaciones se encuentra además en dos artículos, el 10, que señala que el derecho de acceso podrá ser restringido cuando la divulgación de la información suponga un perjuicio hasta en siete ámbitos (procesos judiciales, vigilancia, política económica, intereses comerciales, secreto profesional, confidencialidad y protección del medio ambiente) y en el 9 que extiende esa limitación por la propia definición de lo que es información pública y que la norma restringe a la que “siempre y cuando no afecte a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. El colectivo considera que las excepciones absolutas ya se incluyen en la definición y que, además, el resto de excepciones recogidas en el artículo 9 “no están sujetas a la ponderación entre el potencial daño y el interés público de la publicación”. Por ello, consideran que se debería cambiar la definición de información, añadir un único artículo con todas las excepciones y suprimir otras excepciones recogidas que niegan la posibilidad de acceso a los informes previos en los que se basan las resoluciones administrativas.

La plataforma Coalicción Pro Acceso también ha marcado los diez principios que debería recoger la norma, una vez se tengan en cuenta las aportaciones, Así, considera que la denegación de acceso a cualquier tipo de información “debe ser excepcional y solamente podrá fundamentarse en aquellas razones que específicamente se incluyan en la ley de acceso a la información, como pueden ser la seguridad nacional o la prevención o investigación de delitos”. Al igual que Acces Info, este colectivo también requiere que se reglamente bien el acceso parcial a la información de manera que se separe “la información reservada de la que pueda entregarle al solicitante, pero no pudiendo negar el acceso a toda la información”, indica.

Avaaz, una comunidad de movilización on line, apuesta igualmente porque la nueva ley reconozca “el principio de publicidad de toda la información en manos de todas las instituciones públicas, solo limitado en los casos excepcionales establecidos por la ley y ponderando siempre el interés público de la información requerida”.

El cambio de la posibilidad del silencio administrativo negativo como contestación a una solicitud de información por el positivo es otra de las aportaciones de los colectivos, que también reclaman que “todas las instituciones públicas deben verse afectadas por la ley, debe incluirse la Casa Real”.