"Tengo una fosa en mi jardín"

Álex Hernández compró hace 12 años un chalé con jardín que albergaba los restos de 12 fusilados en 1936. Ayer, en su pequeña parcela, se reunieron una decena de arqueólogos y otra de familiares y curiosos. Es la primera exhumación que se lleva a cabo desde que el Tribunal Supremo estableció, por medio de un auto, que la competencia sobre las fosas es de los juzgados territoriales y que los jueces deben acudir a las exhumaciones. El juzgado de Villarcayo fue notificado el pasado 22 de febrero de la inminente apertura de esta. “Espero que venga”, afirmaba ayer el forense que la está abriendo, Francisco Etxeberria.

La mitad de la fosa está en la parcela de Álex Hernández y la otra mitad en la acera del pueblo, Espinosa de los Monteros (Burgos). Siempre se ha sabido que estaba ahí. “Al poner la acera se respetó el trozo donde estaban los cuerpos, donde en lugar de cemento, hay plantas”, explica Etxeberria. También se había respetado antes, cuando en 1956 se construyó la carretera y familiares de los fusilados supervisaron las obras para que no se llevaran por delante los restos de los suyos, explica Pedro Zorrilla, presidente de la agrupación de familiares de las víctimas.

Álex Hernández también lo supo desde el principio. “El día que vine a ver la casa para comprarla era 1 de noviembre, Día de Difuntos, y esto estaba lleno de flores. Desde entonces he conocido a muchos familiares de los fusilados que venían y me decían: ‘Aquí está enterrado mi padre’, o a veces era su tío, su hermano...”. La fosa no le echó para atrás y compró el chalé. Pero ayer reconoció que ver aparecer los primeros huesos en la exhumación le había “impresionado mucho”.

Entre esas 12 víctimas se cree que hay un chaval de 16 años y un hombre de 75; un labrador padre de 10 hijos, Celestino Zorrilla, y otro de ocho. A 150 metros hay otra fosa con mujeres. No saben exactamente cuántas. “Ahí buscamos también a mi tía”, explica Pedro Zorrilla, nieto de Celestino. “Después de matar a mi abuelo, que tenía 51 años, fueron a por Donato, uno de sus hijos, de 27. Pero como logró escapar, en represalia, mataron a su mujer, embarazada de siete meses”.

“Fueron los falangistas, todos vecinos del pueblo, por envidias. Mi abuelo era labrador y tenía una fábrica de alpargatas. Que sepamos, no estaba afiliado a ningún partido o sindicato. El 5 de agosto de 1936 se lo llevaron preso a la cárcel de Burgos y el 18 de octubre supuestamente, le dejaron en libertad. Pero no fue así. En el pueblo, gente mayor contaba que oyó a los asesinos decir: ‘Le pegué el tiro y no veas cómo pataleaba’. Por eso siempre se supo donde estaba la fosa”, explica Zorrilla.

Los falangistas no se quedaron ahí. “Después de matar a mi abuelo y a mi tía embarazada, fueron a por mi abuela, le raparon la cabeza y la llevaron a la plaza”, añade. “Mi padre apenas hablaba del tema, por miedo, pero desde los años setenta me trajo cada 1 de noviembre aquí a traer flores”.

El trabajo de arqueólogos y forenses se prolongará unos cinco días. Será la primera prueba para los jueces que hasta ahora han ignorado las denuncias de asociaciones y familiares cada vez que han encontrado restos humanos con signos de muerte violenta, como cráneos agujereados por balas con sus casquillos al lado.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cree que el reciente auto del Supremo no cambia nada. “Los jueces ya tenían que ir antes a las fosas atendiendo estrictamente a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Quiere decir el Supremo que todos los juzgados que archivaron las denuncias que presentamos sin acercarse a las fosas a examinar esos restos humanos con signos de muerte violenta han prevaricado? Me parece que el auto del Supremo lo que significa es que al final, los competentes para resolver los crímenes del franquismo vuelven a ser las víctimas”.

El forense Etxeberria, que ha abierto más de un centenar de fosas del franquismo, confía aún en que el juez visite la fosa que está abriendo ahora. “Que los culpables hayan muerto no elimina el derecho a la tutela judicial de las víctimas. A que mañana venga aquí el juez, se informe, nos pida que le mantengamos informado de todo lo que encontremos, nos pregunte si necesitamos algo y, después, me llame para ratificar lo que yo escriba en el informe forense de esta fosa. Es decir, que le dé de una vez a todo esto rango de oficialidad”.