Las tasas judiciales se disparan y las pagarán todos los ciudadanos

Las tasas judiciales —las que se abonan por poner una demanda en primera instancia o un recurso en segunda— existen en España desde 2003, pero hasta ahora solo las pagaban las empresas (y no todas: únicamente a partir de un volumen de facturación). El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley que extiende ese copago en la justicia a todas las empresas y a todos los ciudadanos, y disparó la cuantía de las tasas: en primera instancia pero, sobre todo, en segunda: poner un recurso de apelación, que ahora cuesta 300 euros a las empresas, costará 800 (a todo el mundo); uno de casación ante el Tribunal Supremo pasa de 600 a 1.200 euros.

Queda excluida la jurisdicción penal —que no tenía tasas ahora y seguirá sin tenerlas— pero se incluye por primera vez, junto a la jurisdicción civil (pleitos entre particulares) y la contencioso-administrativa (pleitos con la Administración pública), la jurisdicción social (derecho laboral), que ahora estaba exenta. Recurrir una sentencia sobre un expediente de regulación de empleo, por ejemplo, costará 500 euros; si se llega al Supremo, 750. Las tasas no serán devueltas en ningún caso, aunque cuando el perdedor del pleito sea condenado a asumir las costas se hará cargo también de ese tributo.

Seguirán sin gravarse los asuntos de familia (divorcios, menores, filiaciones) o relacionados con la protección de derechos fundamentales, y tampoco pagarán, en ninguna instancia, quienes tengan derecho a la justicia gratuita y los desempleados.

El Gobierno ha enviado el anteproyecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo de Estado para que emitan sendos informes, según anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Después, el texto volverá a pasar por el Consejo de Ministros e iniciará el trámite parlamentario. La ley podría entrar en vigor en verano.

“Cuesta más el abogado”

El Gobierno sostiene que el dinero recaudado con las tasas —fueron 172 millones en 2010, y ahora prevé llegar a los 300— irá destinado a financiar el servicio de justicia gratuita (el turno de oficio). Y asegura que el objetivo es evitar el “exceso de litigiosidad” en España y las maniobras de quienes se pasan años recurriendo, gratis, solo para dilatar el proceso judicial. Cada año entran en los juzgados nueve millones de asuntos; y, de los 130.000 recursos no penales que se producen, el 80% lo pierde el recurrente, según el CGPJ.

“Cualquier ciudadano que litiga ante los tribunales tiene que pagar a su abogado y al procurador. Nadie considera que ese coste sea una barrera para el acceso a la justicia, y es un importe muy superior a estas tasas”, argumentan desde el Ministerio de Justicia. Y añaden: “El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita”.

Con las nuevas tasas, poner una demanda saldrá bastante más caro —los procesos monitorios por lo civil, que son los que suman más pleitos al año (casi 900.000), pasan de 50 euros a 100, por ejemplo—, pero recurrir saldrá mucho más caro. Un recurso de apelación, 800 euros en lo civil y lo contencioso (hay 130.000 al año), y 500 en lo social (hay 50.000). A esa cantidad fija, además, habrá que añadir una variable (que también existe desde 2003) en algunos pleitos.