¿Qué se debate en el Consejo de Ministros?

No es fácil determinar cuál es el país más transparente del mundo. No existe una clasificación como tal de ningún organismo internacional, y son múltiples los baremos que pueden analizarse: organizaciones sin ánimo de lucro como Transparencia Internacional o Access Info Europe elaboran clasificaciones temáticas (sobre corrupción, por ejemplo), pero todavía no han hecho un ránking global. A falta de clasificaciones, sí es posible hacerse una idea de hasta qué punto será avanzada la próxima ley de transparencia que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros. Mirar hacia fuera permite descubrir que países como Reino Unido o Estados Unidos hacen públicos datos que ni siquiera se han contemplado en la futura normativa española.

Reino Unido. Deliberaciones públicas del Consejo de Ministros.

La ley británica de Libertad de Información fue aprobada en el año 2000 aunque no entró plenamente en vigor hasta 2005. Promovida por el Nuevo Laborismo en la campaña electoral que llevaría a Tony Blair al poder en 1997, la propuesta inicial fue considerablemente aguada a lo largo de su tramitación parlamentaria. El texto definitivo no solo excluyó de la ley a los servicios secretos, sino que autorizó un derecho de veto inapelable para los asuntos que el Gobierno decida que su publicación no es del interés público.

La parte más controvertida es la que se refiere a las deliberaciones del Consejo de ministros y el Gobierno ha decidido en tres ocasiones vetar la divulgación de esas deliberaciones: en dos ocasiones, primero en diciembre de 2009 y luego en febrero de este año, ha negado las minutas de los debates que mantuvo el Gobierno en 1997 sobre la autonomía de Escocia, y en 2009 impidió también la publicación de las minutas sobre las discusiones mantenidas en 2003 sobre la invasión de Irak.

La ley establece el principio de que los ciudadanos pueden pedir al Gobierno, a las empresas públicas y a los organismos públicos la información que deseen, sin necesidad ni de apelar a la propia ley ni la obligación de explicar por qué la piden. Además de eximir del cumplimiento de la ley a los servicios secretos y de garantizar al derecho de veto, la ley establece una serie de “exenciones absolutas” que incluyen las materias a las que se puede acceder por otras vías, las informaciones relativas a seguridad, la información contenida en los registros de los tribunales, la información que infringiría el privilegio parlamentario, la información en poder de la Cámara de los Comunes que “podría prejuzgar la conducción de los asuntos públicos”, la información que podría afectar a la ley de Protección de Datos de 1998, la información suministrada de forma confidencial y en aquellos casos en que suministrar la información está prohibido por ley, si es incompatible con obligaciones contraídas con la UE o significaría un delito de desacato a los tribunales.

Las administraciones, que reciben más de 11.000 peticiones mensuales, tienen la obligación de contestar en un máximo de 20 días. Sanidad y Trabajo y Pensiones son los departamentos que reciben más peticiones de información.

La ley de Libertad de Información ha generado dos tipos de polémica. Por una parte, el Gobierno de Tony Blair, que fue el que la impulsó, acabó lamentando que la ley es utilizada por los periodistas para conseguir información a pesar de que su objetivo inicial era “servir al ciudadano”. Por otra parte, el hasta hace unos meses principal funcionario público, sir Gus O’Donnell, propuso en diciembre pasado que se enmendara la ley para excluir de ella todas las deliberaciones del Gabinete.

Estados Unidos. Los ciudadanos pueden saber hasta quién visita al presidente.

El presidente norteamericano Barack Obama prometió durante la campaña electoral de 2008 que revolucionaría el Gobierno abriendo sus actividades y la información con la que trabaja a los ciudadanos. Cumplió a los pocos meses de llegar a la Casa Blanca con la publicación de la página data.gov, que contiene unas 250.000 bases de datos.

Ciudadanos, autoridades y periodistas pueden consultar información que va desde las cantidades invertidas por Estados Unidos en ayuda al exterior -detallada país por país-, los datos de enfermedades -cuáles son las afecciones más comunes, la primera causa de muerte en el país o en qué estados se sufre más diabetes- o el número de estudiantes -edad, raza, sexo, nivel de ingresos de su familia- de las escuelas públicas de todo el país y hasta los datos del censo de población.

Durante los últimos tres años, la Casa Blanca ha ido aumentando la cantidad de información disponible a los ciudadanos. En la página FiscalStability.gov, que pertenece al portal Data.gov, se pueden consultar las cuentas del plan de estabilización fiscal y Recovery.gov especifica el destino de cada dólar invertido en el plan de rescate de 2009, qué cantidades se han gastado, cómo y dónde. La última revelación llegó hace unas semanas con la publicación de siete nuevas bases de datos en Ethics.gov con los nombres de todas las personas que se han reunido con un miembro de la Administración, sus posibles donaciones económicas a candidatos políticos o lobbies así como denuncias por violaciones éticas.

La misma filosofía está detrás de la página “We The People”, donde cualquier ciudadano puede proponer iniciativas tanto al gobierno como a otros norteamericanos. Cuando una propuesta recibe más de 25.000 firmas, tiene garantizada la respuesta de las autoridades. El último logro de los ciudadanos fue que la Administración Obama se postulara en relación a las leyes contra la piratería que estudiaba el Congreso a comienzos de 2012.

Brasil. Los gastos de la tarjeta de crédito de los ministros son públicos.

En Brasil existen toda una serie de medidas para conseguir lo que se conoce como “Datos gubernamentales abiertos” (DGA). No hay una ley que regule la transparencia de datos públicos, pero se ha avanzado en los últimos años, por la presión social y por la mayor facilidad para realizar esa transparencia a través de Internet. Existen, por ejemplo, el llamado Portal de Transparencia, la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Pregón Electrónico.

El Portal de Transparencia ha comenzado a publicar datos en la web, pero aún está en desarrollo. Algunos datos son sólo para uso interno del Gobierno; otros son más públicos. Lo que mejor funciona desde hace tiempo es la Ley de Responsabilidad Fiscal, creada por el Ejecutivo de Fernando Henrique Cardoso, según la cual los municipios y Estados no pueden gastar más de una determinada cantidad. Y todos los gastos deben ser públicos.

El Pregón Electrónico da a conocer todas las licitaciones de compras públicas. En la práctica ya existen muchos datos que suelen usar los medios de comunicación y que son públicos, por ejemplo, los gastos de la tarjeta de crédito que usan los ministros en los gastos inherentes a su cargo. También es posible conocer los sueldos de los funcionarios públicos. Así fue como la prensa pudo saber que algunos jueces del Estado de Río llegan a ganar hasta 60.000 euros al mes.

Alemania. Cinco de los 16 estados no tienen ley de acceso a la información.

Cuando el banquero Josef Ackermann, a la sazón jefe del Deutsche Bank cumplió sesenta años todavía se llevaba bien con la canciller federal Angela Merkel. La democristiana (CDU) decidió celebrar el redondo aniversario con una buena cena en la Cancillería de Berlín. Esta semana, casi cuatro años más tarde, un juez de la capital ha condenado a la oficina de Merkel a publicar quiénes fueron los “entre 20 y 30 invitados” a aquella fiesta pagada con fondos públicos para el multimillonario y banquero más impopular de Alemania. Se sabrá ahora qué cenaron en tan distinguidos escenario y compañía, así como el gasto exacto en ingredientes. Es un pequeño éxito hacia la transparencia de la administración, regulada en Alemania por una Ley federal de Libertad Informativa.

Dicha ley del año 2005 garantiza el acceso de los ciudadanos a los datos de la administración federal. Una web privada permite que cualquiera plantee sus dudas. Pero hay excepciones y límites. Para empezar, la ley federal excluye a las administraciones de los 16 länder, que tienen que promulgar sus propias leyes de transparencia. Cinco Estados, entre ellos las prósperas Baviera y Baden-Württemberg, carecen de dicha norma. La ONG Transparencia Internacional (TI) critica este aspecto y pide el endurecimiento de la ley federal.

Su director Christian Humborg pide, además, que la ley de transparencia se amplíe para que los diputados tengan que publicar “todos sus ingresos, hasta el último céntimo”. Hoy, los parlamentarios federales pueden resumir sus ingresos extraordinarios en tres niveles. El tercero y más alto es “un ingreso superior a 7.000 euros”. Cuando un diputado como el socialdemócrata Peer Steinbrück (SPD) publica su larga lista de ingresos extraordinarios en la página web del Bundestag, solo tiene que poner tras cada uno “nivel 3”. Nadie sabe si ha ingresado 7.001, 14.000 o 21.000 euros.

Además, TI quiere que los partidos tengan que declarar las donaciones que perciben, incluido el llamado “patrocinio” de algunas de sus actividades. Hoy es secreto. Por último, los cuatro años pasados desde la fiesta de Merkel y Ackermann demuestran otra deficiencia de las leyes actuales: son lentas y “restrictivas”.

Con información de Walter Oppenheimer (Londres), Cristina F. Pereda (Washington), Juan Arias (Río de Janeiro) y Juan Gómez (Berlín).