Un nuevo delito contra ‘el buen gobierno’ inhabilitará a quien gaste sin presupuesto

Hace dos meses, tras aprobar el mayor tijeretazo de gasto público de la democracia y en pleno debate sobre las consecuencias del endeudamiento desaforado de las Administraciones, el Gobierno lanzó este anuncio: crearía un nuevo delito para castigar la gestión irresponsable del dinero público. “Vamos a exigir responsabilidades penales”, dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Eso que anunció se concretará mañana con la propuesta de modificación del Código Penal incluida en la Ley de Transparencia que prevé aprobar el Ejecutivo. Se ha barajado denominarlo delito “contra el buen gobierno”. Lo que no está nada claro es qué se va a castigar exactamente.

No se trata de perseguir la malversación de fondos públicos, porque para eso ya existe un delito; ni de llevar a juicio a quien se endeude mucho; ni siquiera se trata, en principio, de aplicar el Código Penal al responsable público que presupueste un gasto excesivo y luego no pueda sostenerlo con unos escuálidos ingresos (que es lo que en los últimos años ha ocurrido en España: los ingresos se desplomaron y las facturas quedaron sin pagar). No. Según fuentes del Gobierno, y a falta de los últimos cambios que puedan hacerse en el proyecto de ley, la nueva pena —que sería de inhabilitación, no de cárcel— se aplicaría a los cargos públicos que contrajeran un gasto sin haberlo presupuestado antes (o sin convalidarlo después con una ampliación de presupuesto). Es decir, al alcalde o concejal o consejero autonómico o ministro que autorice un gasto y no lo registre en el presupuesto.

“Un gestor público no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto”, explicó Montoro en enero. Y añadió: “Lo que nunca es correcto son las facturas en el cajón”. Pero la inmensa mayoría de las facturas acumuladas en los cajones de las Administraciones no son obligaciones de gasto no presupuestadas, opacas o sin respaldo legal, sino gastos para los que resultó que no había dinero contante y sonante.

El mismo día que habló Montoro, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, aclaró a EL PAÍS que lo que se pretendía no era crear un nuevo delito, sino “aplicar” los que ya existen (malversación, falsedad). Unos días más tarde, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, matizó que la responsabilidad penal contra cargos públicos estaría reservada para “aquellos casos que puedan tener un carácter doloso, de ocultación”, aunque tampoco precisó los casos. Y el 28 de febrero, en el Senado, volvió a discriminar: anunció “sanciones” para quienes “vulneren el tope de déficit y endeudamiento”, “comprometan gasto sin crédito suficiente” o “eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas”. Pero cuando habló de “sanciones penales” solo apuntó a las “conductas más graves”, en las que concurran “intencionalidad”, “grave negligencia”, “quebranto a la hacienda” o “claro perjuicio para los servicios”.