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El Constitucional relega el recurso del aborto y agiliza Sortu y Parot

Las sentencias vinculadas al final de ETA podrían conocerse en semanas

El fallo sobre la interrupción del embarazo será tras la reforma legal en otoño

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Si el Tribunal Constitucional no cambia su ritmo, el Gobierno aprobará su proyecto de ley sobre el aborto antes de que haya sentencia sobre la ley anterior. El tribunal, según explicó este lunes su presidente, Pascual Sala, en la Cadena Ser, no tiene previsión de estudiar los recursos contra la ley de plazos antes de otoño. A la vista del ritmo anunciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es más que probable que la sentencia llegue cuando la norma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya sido ya modificada en el Parlamento para volver a una ley de supuestos.

El calendario previsto sobre el aborto es casi contrario al que el Tribunal mantiene sobre los recursos que tienen que ver con el final de ETA. Uno es el de la ilegalización de Sortu y otro el referido a la llamada doctrina Parot, es decir, la posibilidad de acumular distintas condenas por delitos muy graves, especialmente las de los terroristas.

Los dos recursos contra el aborto fueron admitidos en junio de 2010

Sala aseguró en la Ser que la sentencia sobre Sortu se producirá “a la mayor brevedad posible”, sin mayor precisión. El Gobierno espera que en ambos casos haya sentencia en las próximas semanas y que las mismas marquen su hoja de ruta.

La de Sortu tiene como límite más extremo el de las elecciones autonómicas en el País Vasco, previstas para dentro de un año, y de su contenido dependerá la forma en la que la izquierda abertzale concurra a las urnas. Una sentencia que anulara la ilegalización sería coherente con la presencia de Amaiur en el Congreso, la no actuación del Gobierno contra esa formación, el final de ETA y el fallo sobre Bildu del propio Constitucional que rectificó el del Tribunal Supremo.

El recurso sobre Sortu lo resolverá la sala segunda del Constitucional y tiene como ponente a Elisa Pérez Vera.

El presidente del Constitucional, Pascual Sala, en el centro, preside un pleno extraordinario por el 200 aniversario de la Pepa. ampliar foto
El presidente del Constitucional, Pascual Sala, en el centro, preside un pleno extraordinario por el 200 aniversario de la Pepa. EFE

La referida a la doctrina Parot es mucho más complicada y será resuelta por el pleno del tribunal. En este caso son más de 60 recursos, muy complicados técnicamente, que deben unificar la doctrina sobre situaciones distintas, aunque tengan un tratamiento igual.

Pese a ser un asunto muy técnico, su repercusión política es enorme, porque su derogación es una de las exigencias de ETA y de la izquierda abertzale y porque de su aplicación dependerá la posibilidad de que el Gobierno de Mariano Rajoy flexibilice la política penitenciaria, ante el final de la organización terrorista. Si el Constitucional anulara la doctrina que permite acumular esas condenas, el Ejecutivo tendría vía libre y coartada para dar un tratamiento mucho más beneficioso a presos condenados por delitos muy graves. Hasta 58 terroristas podrían quedar en libertad si se anulara. Sobre este asunto ya ha habido deliberaciones y votaciones muy ajustadas en el Constitucional, con una ligera tendencia a anular la acumulación de penas.

Si el tribunal mantuviera la ilegalización de Sortu y la doctrina Parot sufriera un revés, se vería frustrada la estrategia de quienes impulsan movimientos para la disolución de ETA, con pasos entre el colectivo de presos o la conferencia internacional que se celebró en otoño en el País Vasco.

Sobre el aborto, son dos los recursos a resolver: uno del PP y otro del Gobierno de Navarra. Los dos se admitieron el 30 de junio de 2010, casi un año antes que el planteado a Sortu. También fallará el pleno. La llamada Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigor el 5 de julio de 2010.

La tesis del ministro de Justicia es que ya hubo en los 80 y 90 sendos pronunciamientos del Tribunal Constitucional estableciendo una doctrina sobre la ley del aborto en la que, según él, no encajaría la actual legislación. Sin embargo, no hubo pronunciamiento expreso sobre ley de plazos y, obviamente, la composición del tribunal ha cambiado completamente desde entonces.

Contactos informales para la renovación tras el 25-M

F.G.

Entre las muchas decisiones que están pendientes de las elecciones autonómicas andaluzas y asturianas del 25 de marzo se encuentra la renovación de las vacantes institucionales. La principales son las cuatro del Tribunal Constitucional —pendientes desde hace dos años—, la del Defensor del Pueblo y la del máximo responsable de RTVE. Fuentes del PSOE aseguran que se han producido contactos muy preliminares e informales sobre estas renovaciones y, especialmente, la forma de llevarlas a cabo, una vez celebradas las elecciones, y de cuotas. El pasado 15 de febrero, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se limitaron a anunciar tras su primer encuentro en La Moncloa que las renovaciones se harían antes de junio. Las citadas fuentes explican que ese es el plazo máximo para todas, pero algunas de ellas se empezarán en las próximas semanas. El PSOE tienen interés en que no parezca que solo cuando gobierna el PP se renuevan, pese a que fueron los populares los que las bloquearon y el Gobierno pretende antes eliminar órganos reguladores que requieren acuerdo con los socialistas. En todo caso, se asegura que no han hablado de nombres. Sobre la mesa siguen los del progresista Cándido Conde-Pumpido y el conservador Enrique López para el Constitucional.

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