La izquierda carga contra Artur Mas por el plan para los funcionarios

Los partidos de la izquierda cargaron ayer contra el Gobierno de Artur Mas por el plan de movilidad geográfica y funcional que afectará a 45.000 funcionarios. Los socialistas, ICV y ERC coincidieron en que se trata de una medida improvisada que se añade a los recortes salariales que están sufriendo los empleados públicos.

“Asistimos a una continua y permanente improvisación. El martes se dice que se les volverá a rebajar el sueldo un 2% más y el viernes se anuncia un plan para modificar las condiciones de trabajo”, aseguró la diputada Laia Bonet, del PSC. Por su parte, Violant Mascaró, de Esquerra Republicana, coincidió con ella y acusó al Gobierno catalán de “incompetencia, improvisación, falta de respeto y confianza” hacia los trabajadores públicos.

La portavoz de ICV, Laia Ortiz, fue más allá y dijo que “la medida forma parte de un estilo y una manera de actuar de CiU”, porque “desde el primer momento han criminalizado a los trabajadores del sector público”. El plan que se aprobará el próximo día 20 prevé medidas de reorganización de tareas y funciones, modificación de jornada y horarios, así como cambios de adscripción a puestos de trabajo que afectarán a 45.000 técnicos y administrativos.

Los tres partidos de la izquierda coinciden en que el plan se aprobará sin ningún estudio ni diagnosis previos. “No explican en base a qué criterios adoptan estas medidas ni qué datos las avalan. Su estilo es el de la imposición”, añadió la socialista Bonet. “Es la enésima vez que vuelven a cargar contra los trabajadores públicos sin diálogo y eso acaba afectando al servicio”, recordó Ortiz. La diputada de ERC, por su parte, añadió que “prefieren recortar servicios y sueldo a la gran mayoría que aplicar tasas a la minoría privilegiada, como las grandes fortunas”.

Más moderada fue la crítica del PP, aunque la presidenta catalana del partido, Alicia Sánchez-Camacho, fiel a su estilo de escenificar su influencia en el Gobierno de Mas, anunció que había solicitado una reunión urgente con la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega. Los populares también lamentaron que no se haya establecido contacto con las distintas fuerzas políticas antes de lanzar la propuesta.