Baleares estudia “flexibilizar” el horario de los funcionarios para que ganen menos
El Ejecutivo de José Ramón Bauzá está obligado a recortar 350 millones de euros
El Gobierno de Baleares, del PP, avanza estratégicamente, gota a gota, su plan de recortes económicos para encarar el agobio del déficit y los atrasos en los pagos a los proveedores. Ayer reveló que tiene en fase de análisis lanzar una oferta a los funcionarios y empleados de la Administración para que reduzcan, de manera voluntaria, su horario laboral, a cambio de una rebaja correspondiente en la nómina.
El discurso político oficial rechaza que se plantee así “un recorte de los sueldos”, sino “mucha más flexibilidad horaria”, según expresión del vicepresidente de Economía, José Ignacio Aguiló. Y añadió: “Vendrán muchas más medidas, que se están estudiando”.
El responsable de la gestión del Gabinete balear no quiso avanzar cuándo y cómo se anunciarán las nuevas acciones. Se limitó a decir que se trata de decisiones en el marco del proceso de reestructuración del sector público instrumental balear, con fusiones y liquidaciones de empresas, para que este “sea sostenible”.
Meses atrás se anunció que la reconversión de esas corporaciones y entes autonómicos supondría la pérdida de 800 contratados. Pero el pasado viernes el vicepresidente Aguiló no pudo precisar cuántos despidos y rescisiones de contratos se habían ejecutado ya.
El Ejecutivo de José Ramón Bauzá está obligado por las directrices del Gobierno central a reducir de manera drástica el déficit autonómico, que a finales de 2011 era del 3,8% del PIB. Debe llegar al 1,5% en 2012 y para ello ha de recortar aún 350 millones de euros más. La última acción de política económica supuso un aumento de tasas e impuestos para sumar este año 67 millones de euros. Llegó así la novedad del céntimo sanitario, con 4,8 céntimos de euro por litro de gasolina y gasoil, y también la subida de los impuestos de circulación para vehículos especiales y de alta gama. Asimismo se anunció el incremento del impuesto de actos jurídicos para las compraventas de pisos cuyo precio sea superior a los 300.000 euros.
Aguiló insistió ayer en que el esfuerzo ahorrador emprendido por su Ejecutivo es compatible con mantener en Baleares las actuales prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales y la calidad de las mismas.
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