Andalucía se queda sola en contra del reparto de los recortes

Cataluña y Canarias fueron muy críticas pero finalmente se abstuvieron

Montoro saluda a la consejera andaluza Martínez Aguayo, en presencia de Mas-Collel y Aguirre.
Montoro saluda a la consejera andaluza Martínez Aguayo, en presencia de Mas-Collel y Aguirre.GORKA LEJARCEGI

El Gobierno de Mariano Rajoy tenía ayer todas las de ganar para imponer a las comunidades el nuevo reparto de los objetivos de déficit. Con todo el mapa autonómico casi en sus manos, solo cuatro comunidades se salieron del guion con el que llegaron las autonomías del PP al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Andalucía, Cataluña, País Vasco y Canarias arremetieron contra el Ejecutivo central por considerar que este les carga con el grueso de la reducción del déficit, que finalmente para las comunidades será del 1,5% del PIB (en lugar del 1,3% actual). Andalucía se quedó sola votando en contra de la propuesta del Gobierno. Cataluña y Canarias se abstuvieron.

De “caricatura” llegó a tildar el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, la propuesta del Gobierno, según varios asistentes a la cita. El consejero pidió al Ejecutivo corresponsabilidad y planteó que, si la Administración central se exigiera el esfuerzo que exige a las comunidades, en lugar de cerrar el año con un déficit del 4% debería fijarse el 3,8%. El Gobierno catalán reclamó que el porcentaje de recorte del Estado sea igual al que pide a las autonomías.

Siendo muy crítica, Cataluña acabó, sin embargo, absteniéndose, según Mas-Colell para no enviar señales en dirección distinta a la de la austeridad que lleva un año practicando. Pero el consejero advirtió del peligro de fijar unos objetivos demasiado sesgados. Si el Gobierno central solo se impone el 4%, subrayó, podría acabar incumpliendo el objetivo del 3% general de España para 2013 pactado con Bruselas.

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Mucho más dura fue la consejera de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo, quien acusó al Gobierno de poner en peligro la prestación de servicios públicos, la mayoría de los cuales está en manos de las comunidades, e incluso advirtió de una posible intención de “privatizarlos” o “hacer negocio” con ellos. La consejera alertó de que el drástico recorte que supone el nuevo objetivo de déficit abre la puerta a que muchas comunidades tengan “la tentación de buscar ingresos en vías” como el copago, como ha hecho ya Cataluña con la tasa de un euro por receta. “Nosotros estamos en desacuerdo”, adelantó.

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Martínez Aguayo defendió una vía para que las comunidades puedan alcanzar diferentes objetivos de déficit. Algo parecido planteó Canarias, que al final optó por abstenerse junto a Cataluña. Su consejero de Hacienda, Javier González, opinó que los objetivos adoptados no son “realistas”, puesto que se está pidiendo el mayor esfuerzo a las administraciones que concentran “el 60% del gasto estructural”.

El Ejecutivo vasco arropó a Andalucía en su rechazo a los objetivos marcados, aunque eludió votar en el CPFF (su modelo económico se trata en cumbres bilaterales con el Gobierno). El consejero de Economía, Carlos Aguirre, dudó de que tal reducción del déficit pueda alcanzarse sin llevar a cabo una privatización de servicios públicos y consideró que el “poco margen” que se ha dado a las comunidades complica el cumplimiento de los compromisos con Bruselas.

Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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