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Rajoy se muestra inflexible con el recorte autonómico de 15.000 millones

El presidente advierte a las comunidades de que tendrán que hacer "un esfuerzo importante"

Montoro: "A ninguna autonomía le conviene dañar su reputación"

El ministro de Hacienda está convencido de que las autonomías no pedirán flexibilizar el déficit

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ampliar foto
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. AFP

España es un Estado, el jefe del Ejecutivo es el responsable último de todo, y el todo que importa ahora son las cuentas de las Administraciones públicas, comunidades y Ayuntamientos.  Mariano Rajoy se ha dirigido hoy a los Gobiernos autónomos después de su reunión con el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, para mostrarse inflexible con los recortes y con su objetivo de déficit.

Las comunidades tendrán que hacer "un esfuerzo importante", ha asegurado el presidente en  vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra mañana y en el que, por ejemplo, Cataluña y Andalucía, exigirán relajar el déficit. El recorte de 15.600 millones de euros que tendrán que asumir no variará, y no habrá por tanto flexibilización del déficit, ya que el Gobierno ya revisó esa cifra, ampliándola del 1,3% al 1,5%.

Rajoy ha repasado el calendario de cumplimientos del Ejecutivo ante la Unión Europea y los mercados y ha defendido como una decisión "de sentido común" el anuncio que hizo el viernes al situar en el 5,8% el objetivo para 2012.

La nueva previsión está muy por encima del 4,4% que se barajaba inicialmente, aunque Rajoy ha asegurado que no había asumido al respecto ningún compromiso con Bruselas. "No tengo por qué pactar", ha afirmado antes de agregar: "Hacemos lo que nos parece lógico y razonable y seremos evaluados en abril. Ahí hablaremos con la Comisión y haremos cosas sensatas y razonables".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado hoy a este propósito que a ninguna comunidad autónoma "le conviene"  pedir una flexibilización del déficit, lo cual supone, a su juicio, "un flaco favor a su reputación ante los mercados e inversores", informa Efe.

El titular de Hacienda se ha mostrado "seguro" de que en esa reunión ninguna autonomía va a pedir que se relaje el objetivo de déficit "porque ni le conviene a esa comunidad, ni al conjunto de España". Montoro responde así a José Antonio Griñán y Artur Mas, que aseguraron que mantendrán esa exigencia, y a algunos barones del Partido Popular que también ha empezado a piden. Estos últimos lo hacen de forma discreta, la mayoría de las veces en privado y a la espera de las elecciones del 25-M, aunque no por eso dejan de plantear sus reivindicaciones al Gobierno de Mariano Rajoy. Esto es, sugerir una flexibilización del objetivo de déficit y pedir una contrapartida política por los recortes exigidos.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien la semana pasada ya apuntó a una revisión del Estado de las autonomías, ha asegurado hoy en la cadena SER que "todo lo que se sea flexibilizar es discutible y puede ser bueno", antes de pedir "corresponsabilidad" de las autonomías que, "en una situación similar a Cantabria, han sido causantes del déficit del Estado". A Cantabria, en concreto, le corresponde hacer una reducción del 2,5% este año.

Diego, que ha afirmado que el objetivo de todas las comunidades debe ser no "gastar más de lo que teníamos autorizado" y por ello hacer un ejercicio de "reducción de gastos", comparece esta tarde, a petición propia, en el  el Parlamento autónomo para explicar su plan de ajuste ante la celebración, mañana, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

"El riesgo de colapso es tan real como la vida misma", ha señalado el presidente cántabro antes de poner un ejemplo: "Una familia que gasta una cuarta parte de su sueldo de más durante cuatro años seguidos, ¿a dónde va a parar? a la ruina, y ésa es la situación de Cantabria".

Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón, ha mostrado una postura muy parecida a la de Diego a su salida de la reunión mantenida esta mañana con Rajoy. La dirigente popular ha insistido en la idea de la corresponsabilidad de las comunidades en las cuentas del Estado y ha asegurado que Aragón cumplirá con el déficit para este año 2012, pese al que su Gobierno tuvo que gestionar, ha asegurado, un gasto de "facturas en los cajones" que representa el 9% del presupuesto.

En cualquier caso, Rudi ha prometido que cumplirá a no ser que ocurra una "hecatombe" en los ingresos y ha señalado que hay que ser "muy conscientes" de que todos los que gestionan administraciones públicas son responsables del déficit.

En la reunión de mañana, el primero que se celebra después de que Rajoy anunciara el objetivo de déficit para 2012, el Gobierno planteará a las comunidades autónomas un objetivo global del 1,5% del PIB para poder cumplir con los nuevos planes de consolidación fiscal, que marcan ahora un  5,8%, casi un punto y medio más que lo pactado inicialmente con Bruselas.

Esto no evita que algunos de los barones más influyentes del PP, como Alberto Núñez Feijóo, Esperanza Aguirre o Ramón Luis Valcárcel, plantean al Ejecutivo cambiar algunas leyes para, por ejemplo, permitir cobrar el coste total de algunos servicios a partir de una cierta renta. El argumento de los barones es simple: no se puede exigir recortes y mantener leyes, en ocasiones de los años ochenta, que les obligan a gastos fijos enormes.

Cataluña y Andalucía, las dos principales autonomías por presupuesto y población, exigirán al Gobierno que abra la mano y flexibilice el ajuste que pretende imponer a las comunidades: El Gobierno andaluz pone el acento en que las comunidades son las que soportan el mayor gasto social (educación, sanidad) y que debe haber un acuerdo nacional para decidir en qué se recorta de los 37.500 millones de euros cifrados por el ministro de Economía, Luis de Guindos central para contener el déficit en el 5,8%.

La Generalitat ha recordado que Cataluña lleva justo llevando a cabo ajustes para adaptarse a las exigencias europeas y ha alertado de que la flexibilización del déficit no puede quedar solo a nivel del Estado, sino que hay que hacer partícipes también a las autonomías