Compartir el coste político

En público, pocas cosas van a pasar hasta después de las elecciones andaluzas. Ese es el momento clave, la última batalla en un largo recorrido de Mariano Rajoy para controlar todo el poder en España. En cuanto lo logre, llegará la hora de la verdad: Presupuestos, recortes autonómicos, cambio de la estructura de la Administración, despidos de empleados públicos, cierre de empresas, tal vez subida de impuestos... Pero en privado, ya hay muchos movimientos políticos entre el presidente y sus barones.

Todos son conscientes de que a ellos les toca la parte más importante de los recortes. Saben que van a sufrir un enorme coste político, que tienen que tocar —mucho más que hasta ahora— gastos sociales sensibles, sobre todo sanidad y educación. Y no quieren hacerlo solos.

Todos, de una u otra manera, le han hecho llegar al presidente el mismo mensaje: estamos al límite de los recortes, no tenemos ya mucho margen. Si queremos hacer más, le han explicado, necesitamos que el Gobierno cambie las leyes básicas que obligan a ofrecer determinados servicios o impiden cobrar por ellos, por ejemplo.

Ahí está la gran batalla que se vive dentro del PP. Los barones más influyentes, como Alberto Núñez Feijóo, Esperanza Aguirre o Ramón Luis Valcárcel, lo tienen muy claro. Aguirre incluso lo llegó a plantear abiertamente en un comité ejecutivo del PP, el único convocado tras las elecciones. El mensaje de fondo es claro: el Gobierno debe asumir parte del coste político de los recortes autonómicos. Debe cambiar las leyes, permitir cobrar el coste total de algunos servicios a partir de una cierta renta —Aguirre habló de los másteres universitarios, de las medicinas o de los gastos judiciales—. El argumento de los barones es simple: no se puede exigir recortes y mantener leyes, en ocasiones de los 80, que les obligan a gastos fijos enormes.

Rajoy no ha querido decir ni palabra de este asunto. A Aguirre le contestó que eso no tocaba ahora. Pero varias fuentes gubernamentales coinciden en que después de las andaluzas, ya sin elecciones a la vista hasta las vascas y gallegas de 2013, y con la legitimidad de una victoria aplastante de Javier Arenas que el presidente da por hecha, es casi seguro que planteará una reforma completa —a la baja— del Estado de bienestar y de la estructura de la Administración central y autonómica —con muchos despidos—. Esto es, el coste político se repartirá, como quieren los barones. Pero hasta que pasen las andaluzas no se sabrá.