Andalucía y Cataluña exigen reducir el ajuste autonómico de los 15.600 millones
Piden a Rajoy que suavice el recorte en comunidades para que no sufra el gasto social
El déficit desbocado ha puesto en alerta presupuestaria a todas las comunidades. Los Gobiernos autónomos sienten que se han quedado sin margen de ahorro para cumplir con las restricciones presupuestarias que les impone ahora el Ejecutivo central y temen que sus servicios públicos esenciales —Educación, Sanidad, Dependencia— puedan sufrir las consecuencias porque ya no les queda otro sitio de dónde rebajar su factura.
Por eso, tras conocer las previsiones de techo de gasto que el Gobierno de Mariano Rajoy hizo públicas el pasado viernes, las dos principales autonomías por presupuesto y población —Andalucía y Cataluña— exigirán al Gobierno del PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne mañana, martes, que abra la mano y flexibilice el ajuste que pretende imponer a las comunidades: un ahorro de 15.600 millones a lo largo del año (1,4 puntos de déficit).
El Gobierno andaluz pone el acento en que las comunidades son las que soportan el mayor gasto social (educación, sanidad) y que debe haber un acuerdo nacional para decidir en qué se recorta de los 29.000 millones de euros cifrados por el Gobierno central para contener el déficit en el 5,8% —en 2011 alcanzó el 8,5%—, casi un punto y medio más que lo pactado con Bruselas.
La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, señaló a este periódico: “No estamos de acuerdo con el reparto del ajuste”, ya que las autonomías deberán asumir 15.600 millones de los 29.600 en los que el Ejecutivo de la nación ha cifrado el tijeretazo. “No tiene sentido que el Estado tenga más margen que las comunidades, a no ser que lo que se pretenda es bloquear los servicios públicos”, declaró Aguayo, quien participará mañana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En este órgano, Andalucía volverá a pedir que se aplique una regla individualizada a las regiones en función de cómo estén las cuentas de cada comunidad.
El Gobierno andaluz, que se juega su continuidad en las elecciones del próximo 25 de marzo, ya ha dicho que no va a modificar sus Presupuestos de 2012, que ascienden a 32.020 millones. El candidato del PP, Javier Arenas, lleva meses afirmando que las cuentas andaluzas para este año deberán modificarse, gane quien gane. Arenas ha cuantificado en 4.000 millones de euros el recorte.
En Cataluña, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, insistió ayer en la reivindicación del ejecutivo catalán de flexibilizar el déficit. Ortega recordó que Cataluña lleva justo un año aplicando ajustes para adaptarse a las exigencias europeas y alertó de que la flexibilización del déficit no puede quedar solo a nivel del Estado, sino que hay que hacer partícipes también a las autonomías. El Gobierno catalán trabaja para cerrar 2012 en el 2% (cinco décimas por encima del que impone el Ejecutivo central) y alcanzar un déficit del 1,3% en el año 2013.
“O el Estado colabora con normas y regulación o no se alcanzará el déficit”
Andreu Mas-Collel, consejero de Economía catalán reclama que no se cargue más a las comunidades en la reducción del déficit.
Pregunta. ¿Le parece bien que se cargue más a las autonomías en la tarea de reducir el déficit?
Respuesta. No.
P. ¿Puede Cataluña hacer más esfuerzo del previsto?
R. Cataluña realizó y continúa realizando un esfuerzo máximo. La cifra concreta de déficit dependerá de los ingresos, en particular, pues, de los Presupuestos del Estado.
P. ¿Hay alguna fórmula que el Gobierno catalán le vaya a proponer al Ejecutivo ante esta coyuntura?
R. En el marco de la discusión sobre la Ley de Estabilidad presentaremos propuestas.
P. ¿Van a reclamar un nuevo sistema de financiación? Montoro ya ha dicho que no es posible.
R. Como es bien sabido, nuestra agenda es la del pacto fiscal. No es una agenda concebida simplemente para aliviar los momentos difíciles.
P. ¿Habló con ustedes el Gobierno para anunciarles el cambio de planes sobre el déficit?
R. En términos generales, sí. En términos concretos, no.
P. ¿Esperaban que se cargase sobre las autonomías tanta reducción del déficit?
R. Esperábamos que se cargase más responsabilidad sobre todos. Que nadie se engañe: si el objetivo de déficit debe alcanzarse, la Administración General del Estado deberá llevar a cabo un intensísimo esfuerzo con su propio gasto y deberá colaborar con las autonomías en materia de regulación y de normas. Si no, no se alcanzará.
P. ¿Hay que abrir fórmulas de copago en los servicios públicos?
R. En principio preferimos fórmulas de cooperación público-privadas a aumentos genéricos de la presión fiscal. Estamos por tanto a la espera de las iniciativas del Gobierno en sus ámbitos competenciales. Juzgaremos entonces.
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