“Sustituyen los gastos en compra de inmuebles por facturas en Nicaragua”

El dinero público de la Comunidad Valenciana destinado a proyectos en países en vías de desarrollo por parte de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no llegó a donde tenía que llegar. Esa es la clave en la que trabaja la investigación de la trama de fraude de subvenciones en el departamento de Cooperación de la Generalitat Valenciana, que ha desembocado ya en la detención de 14 personas, entre ellas tres ex altos cargos.

Las malas prácticas en la Generalitat Valenciana durante el mandato de Francisco Camps, según las investigaciones, alcanzan también a consejerías en teoría creadas para ayudar y favorecer a los más pobres.

La operativa se desarrollaba, según la investigación, a través de dos fundaciones, Cyes y Hemisferio, que tuvieron como eje, entre otras, a la empresa Arcmed. En el caso de Cyes, la documentación expone cómo la fundación compró varios inmuebles con el dinero público destinado a facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua.

En el caso de Hemisferio (a la que se entregaron 177.779 euros donados por los valencianos y se trató de adjudicar la construcción de un hospital en Haití, tras el terremoto, por 3,8 millones de euros, aunque luego la consejería que dirigía Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, hizo marcha atrás), el dinero se quedaba por el camino contratando a empresas para realizar informes sobrevalorados, también con fondos destinados a proyectos de cooperación. Entre ambas estaba Arcmed (propiedad del presidente de Hemisferio), que facturó en 2008 más de 208.000 euros de asesoría en cada uno de los proyectos de la Fundación Cyes y que también realizaba informes y aportó facturas para justificar otras subvenciones otorgadas por la Generalitat.

Un informe que obra en las diligencias detalla las características del fraude millonario.

» Coste diez veces superior. Los proyectos contemplaban la realización de estos servicios de asesoramiento y consultoría “por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas” y de costes indirectos “por un importe de más de tres veces” que las mismas actividades. Estos servicios “representan un porcentaje de la actividad subvencionada”, indica el informe, que señala que de esta manera se vulneraba la prohibición de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, según la Ley General de Subvenciones. Algunos de estos informes se cobraban incluso antes de que se iniciara la ejecución del proyecto.

“Las prácticas detectadas se explican difícilmente sin la existencia de dichas relaciones”, entre la adjudicataria de las subvenciones y algunas empresas reiteradamente contratadas. Así lo indica uno de los informes incluidos en las diligencias de investigación abiertas contra la trama de fraude de subvenciones. Sin embargo, la fiscalía y la juez disponen también de otra documentación, correos electrónicos, que revelan cómo al menos una de las fundaciones actuaba en permanente contacto con el “gabinete técnico” del consejero Rafael Blasco, tal como dijo la diputada de Compromís Mireia Mollà después de presentar su denuncia.

» Facturas falsas. Después de que la diputada socialista Clara Tirado denunciara el caso de la Fundación Cyes, esta empezó a aportar facturas para contrarrestar los documentos que acreditaban la compra de inmuebles. Eran facturas emitidas en Nicaragua que la investigación considera “simplemente increíbles”, pero que el departamento de Blasco dio por buenas.

» 500.000 euros sin justificar. La investigación descubrió que había pagos con cheques y talones para la adquisición de inmuebles y que así justificó la ONG en un primer momento el destino dado a parte del dinero recibido. Cuando los socialistas valencianos denunciaron este hecho —el dinero para cooperación no había llegado a Nicaragua, sino que se había quedado en la compra de pisos en Valencia— y la Generalitat Valenciana reclamó los justificantes de los gastos, “se eliminaron los de adquisición de los inmuebles y fueron sustituidos por facturas emitidas en Nicaragua”.

“Lo que no puede sustituirse”, señala el informe de la investigación judicial, “son los extractos bancarios, de forma que el importe de las transferencias a Nicaragua sigue siendo el mismo: 308.129 euros de los 833.000 euros concedidos”. Y concluye: “La diferencia (más de 500.000 euros) arroja un saldo no gastado que debería ser objeto de reintegro”.

Sin embargo, la veracidad de las facturas no es lo único que la investigación pone en entredicho. Del examen de los expedientes también se deduce que la documentación que se presentó para captar los fondos públicos no acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a ellos.