La juez toma declaración a los detenidos por las ayudas de cooperación

La titular del juzgado de instrucción 21 de Valencia ha comenzado a primera hora de la mañana a tomar declaración a los 14 detenidos que van a ser puestos a su disposición por el supuesto fraude de las subvenciones de cooperación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Los arrestados en Valencia han pasado la noche en los calabozos de la comisaría.

En la causa, que sigue bajo secreto, se investigan ayudas concedidas por la antigua Consejería de Solidaridad, que dirigía el ahora portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, a distintas fundaciones. La primera detención conocida el jueves fue precisamente la del director general de Integración y Cooperación, Josep María Felip, que dependía antes de Solidaridad y ahora de la Consejería de Justicia y Bienestar Social. A Felip se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.

El resto de detenidos son responsables de diversas ONG, de empresas supuestamente vinculadas a la trama y cargos de varias consejerías, informa Europa Press. Los nombres que han trascendido son los del presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masià y su hermano César Augusto; Marc Llinares Picó, ahora destinado en Hacienda y al que Blasco se llevó de consejería en consejería; Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero Augusto César Tauroni, y Rafael Barrera, presidente de la ONG Fudersa.

Asimismo, se encuentran otros dos responsables de organizaciones no gubernamentales como el presidente de Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, y la presidenta de ASA de Africa, Christine Bernadette. Igualmente en la causa figura como imputado el subsecretario de la Consejería de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, que anteriormente ocupó este mismo cargo primero en Inmigración y Ciudadanía y más tarde en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigidas por el exconsejero Rafael Blasco.

La Fiscalía abrió la investigación en octubre de 2010, cuando recibió una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por Solidaridad, encabezada por Blasco, para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.

En concreto, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que la fundación destinó a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia. Además, la Fiscalía abrió otra causa a partir de la documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la consejería de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos -ahora Hemisferio-. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación.