El Tribunal de Cuentas detecta un agujero en un plan de empleo de Cádiz

La tormenta vuelve a cernirse sobre las políticas activas de empleo llegadas a la bahía gaditana. El nuevo temporal lo ha traído un informe del Tribunal de Cuentas, el que fiscaliza el Sistema Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo, en 2009, que revela que Cádiz es la única zona de España donde uno de los planes de empleo puestos en marcha en una comarca presenta lo que denomina como “incidencias”. Este plan lo acordaron Gobierno y Junta de Andalucía en 2007 tras el cierre de la multinacional Delphi, que causó gran conmoción en la zona al dejar en la calle a 1.905 trabajadores.

El órgano fiscalizador sostiene que no se han reintegrado o no se han justificado 4,86 millones de euros, del total de 25,32 millones recibidos ese año. Además, pone en duda qué uso se ha dado a otros 16 millones de euros. Se pregunta si fueron utilizados para pagar prestaciones por desempleo con un método fuera de la legislación vigente.

Lo que hace el Tribunal de Cuentas es sembrar dudas sobre la justificación del dinero de un plan que el entonces ministro Celestino Corbacho y el entonces consejero Antonio Fernández firmaron a finales de 2008. Entonces se concedió una subvención bianual de 47,5 millones de euros para la comarca de la bahía de Cádiz. Se reconocía la especial gravedad de la crisis.

En 2008 tocaron 22,2 millones y en 2009, 25,3. Esta última cantidad es la que audita este informe del Tribunal de Cuentas. Lo que más destaca es que 4,86 millones no se han podido justificar. “El Sistema Público de Empleo Estatal debe aclarar con la mayor brevedad posible la falta de reintegro de estos remanentes”, sostiene el informe. Y reclama su reintegro con un ingreso al Banco de España. El órgano estatal alega que ya está en conversaciones con la Junta de Andalucía para ello.

El actual protocolo contempla medidas formativas hasta septiembre

Además, el Tribunal no tiene claro cómo se han gastado otros 16 millones. “Se deberían analizar las acciones de carácter social financiadas mediante subvenciones nominativas (…) ya que a través de las mismas se podrían estar financiando prestaciones por desempleo”.

Este plan de empleo siempre ha suscitado muchas críticas, entre los sindicatos que reclamaban mayores apoyos y los que consideraban excesivo el mimo dado a este colectivo. El colectivo recibió cursos de formación mientras cobraba sus prestaciones por desempleo por haberse concluido sus contratos en julio de 2007, pero después fueron contratados en una escuela taller, con lo que empezaron a cotizar de nuevo. El actual protocolo en vigor contempla medidas formativas para ellos hasta septiembre de este año. Según los últimos datos, de los 1.905 afectados por el cierre de Delphi, 546 siguen adheridos al programa de reinserción laboral.

Los sindicatos defendieron ayer la transparencia y legalidad de su plan de formación, mientras que el PP exigió explicaciones a la Junta.