La Audiencia condiciona la extradición de un venezolano a la reciprocidad

La Audiencia Nacional ha condicionado la extradición a Venezuela de un ciudadano de aquel país acusado de homicidio a que las autoridades venezolanas garanticen que aplicarán la reciprocidad y entregarán a los reclamados por España con doble nacionalidad, como puede ser el caso del etarra Arturo Cubillas, que trabaja para el Gobierno de Hugo Chávez desde 2005.

Así lo han acordado los 18 magistrados del pleno de la sala de lo penal de este tribunal en un auto en el que dan un plazo de 60 días a las autoridades de Caracas para que garanticen la reciprocidad "por escrito" o si no para que presenten una denuncia oficial contra el reclamado, Alejandro Iglesias, para ser juzgado en España. Venezuela ha solicitado la extradición de Iglesias por un delito de homicidio agravado.

En el auto del tribunal, del pasado 7 de febrero pero notificado hoy, con el que la Audiencia responde a un recurso de súplica de Iglesias, los magistrados explican que la constitución del país sudamericano "prohíbe la extradición de ciudadanos venezolanos y venezolanas", y podría impedir la entrega de Iglesias aplicando el principio de reciprocidad que exige la Constitución española. En este caso, dice el tribunal sin embargo, "la cuestión no es tan clara".

El motivo es que el acusado, nacido en Venezuela, ostenta tanto la nacionalidad venezolana como la española. El hecho de tener los dos pasaportes, la ausencia de un tratado de doble nacionalidad entre ambos países y la gravedad de los hechos, lleva al pleno a no "dar por sentada la falta de reciprocidad" por parte de Venezuela "en casos similares".

Por eso resuelve acceder a la extradición de Iglesias solo "si en el plazo de 60 días (...) el Estado requirente da garantías por escrito de que en los supuestos de doble nacionalidad de hecho como el descrito -nacido en España con pasaporte venezolano o español nacionalizado con pasaporte venezolano- aplicará la reciprocidad y accederá a la entrega a España de los reclamados".

Entre ellos, aunque no lo menciona, podría estar el del etarra Arturo Cubillas, que trabaja desde 2005 como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), dependiente del Gobierno de Hugo Chávez y a quien el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco reclamó por primera vez en octubre de 2010 por su presunta conexión con ETA y la guerrilla colombiana de las FARC.