Rajoy dará su primera señal a ETA tras las sentencias de Sortu y Parot

El Gobierno del Partido Popular espera una sentencia del Tribunal Constitucional en las próximas semanas sobre la doctrina Parot que afectará a unos 60 de los más de 550 presos de ETA encarcelados en las prisiones españolas. El mismo tribunal, también en pocas semanas, resolverá sobre el recurso de la izquierda abertzale contra la ilegalización de Sortu, decretada por el Tribunal Supremo la pasada primavera.

Ambas cuestiones están pendientes desde hace muchos meses y son claves no solo para el futuro político de la izquierda aberzale y de más del 10% de los presos de ETA. Las decisiones sobre Sortu y la doctrina Parot marcarán la pauta de los nuevos tiempos tras el cese definitivo de ETA del pasado 20 de octubre y el relevo en La Moncloa de José Luis Rodríguez Zapatero por Mariano Rajoy.

En el caso de que la sentencia sobre la doctrina Parot dé la razón a los 62 presos que la recurrieron, esa resolución servirá de cobertura jurídica para avanzar en la línea de reinserción individual de los reclusos etarras en aplicación de la legalidad que ha empezado, de modo tímido, a poner en práctica el Gobierno popular, en continuidad con el de Zapatero. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha mantenido recientemente un encuentro con el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

La doctrina Parot, creada por el Supremo en 2006, eleva en la práctica hasta los 30 años el cumplimiento efectivo de prisión para los reclusos condenados con el Código Penal de 1973. Consiste en descontar los beneficios penitenciarios de cada una de sus penas por separado en lugar de restarlos del límite máximo de cumplimiento que resulte de su acumulación (30 años), como se hacía hasta entonces.

El pasado julio, el Constitucional estuvo a punto de abordar los primeros recursos de amparo contra esta doctrina, que se ha aplicado a más de 60 presos de ETA con múltiples condenas por terrorismo. En las deliberaciones previas del tribunal se acogió la idea de no declararla inconstitucional, pero sí dar amparo a los recurrentes que, antes de su creación por el Supremo, tuvieran aceptada ya la liquidación de su condena —esto es, conocieran su fecha de excarcelación— y que la hayan visto revisada retroactivamente para que permanezcan más tiempo en prisión.

En cuanto a la decisión sobre Sortu, los expertos calculan que la nueva marca política de la izquierda abertzale será probablemente legalizada, una vez que lo ha sido Bildu —para las elecciones municipales de mayo de 2011— y Amaiur —para las generales de noviembre—. Con el condicionante favorable añadido de que, el 20 de octubre, ETA declaró el cese definitivo de la violencia.

La sentencia sobre el recurso a la doctrina Parot, que afecta a unos 60 presos de ETA, se aplicará en varios bloques y, más allá de decidir el futuro de algo más de un 10% de los presos de la banda, marcará una pauta jurídica que será muy útil al Gobierno del PP, que la fijará como referente de actuación.

Así, si el Tribunal Constitucional se inclinara por la línea de eliminar las medidas extraordinarias aplicadas a los etarras cuando la banda terrorista ejercía la violencia, se produciría un importante desatasco de presos veteranos. Y, sobre todo, el Gobierno dispondría de una importante cobertura jurídica en la línea de avanzar en la reinserción de los etarras dentro de la legalidad tras el cese de ETA.

En esa misma línea de cumplimiento de la legalidad, el Ejecutivo seguirá la llamada vía Nanclares, con el acceso a la semilibertad de aquellos reclusos que, de forma individual, se acojan a los beneficios penitenciarios previstos en la ley y cumplan las condiciones que les impone el Código Penal: rechazo del terrorismo, reconocimiento del daño causado y petición de perdón. El Gobierno ha reeditado esta vía abierta en la etapa socialista y ya la ha aplicado a un recluso etarra, José María Fernández Pérez de Nanclares. Su acceso al tercer grado supone el límite que se ha marcado el Ejecutivo en esta primera etapa de su mandato.

La apuesta del Gobierno por la vía de las peticiones individuales de los reclusos etarras lo ha decidido a descartar las soluciones colectivas. El Ejecutivo no prevé un acercamiento masivo de presos a las cárceles vascas, como reclamaron al presidente Mariano Rajoy tanto el lehendakari socialista, Patxi López, como el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, en sus entrevistas en La Moncloa.

El martes, Rajoy cerrará su ciclo de encuentros con los partidos vascos con una entrevista con el líder del PP en ese territorio, Antonio Basagoiti. Tras ella, se espera que Basagoiti dé pistas de la línea de actuación de su partido sobre la gestión del final de ETA. Basagoiti pretende, desde su visión más próxima de la sociedad vasca, ofrecer una cobertura política a las decisiones del Gobierno en esta materia.

El equilibrio en el que se tiene que mover Rajoy es el de dar señales a la sociedad vasca de que el Gobierno ha captado que la situación ha cambiado, tras el cese definitivo de ETA, pero sin que la izquierda abertzale capitalice esas señales y sin irritar a los sectores más recalcitrantes de la derecha.

De ahí que haya pedido tiempo y discreción a los dirigentes vascos con los que se ha reunido. Es de esperar que, tras la reunión con Basagoiti, tanto este como Rajoy reclamen a la izquierda abertzale y a ETA más pasos en la dirección de la disolución de la banda, lo que, a su vez, facilitaría mucho las exigencias para el pase al tercer grado y el acceso a la libertad condicional de los presos de la banda.