Incumplimiento “flagrante” de la ley

El sistema empleado por la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía para las ayudas a empresas en crisis propició el fraude y la falta de control. El dinero procedía del denominado programa 31L de los Presupuestos de la comunidad autónoma y se otorgaba como subvenciones excepcionales a las compañías en apuros o en proceso de reestructuración.

Ninguna de las ayudas se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, lo que, según un informe policial remitido a la juez Mercedes Ayala, significa un “incumplimiento flagrante” de lo establecido en el artículo 106 de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía. No consta en los expedientes analizados ninguna solicitud de ayuda de empresas, trabajadores o Ayuntamientos beneficiados.

El nuevo método tiene su base en la firma de un convenio o protocolo suscrito el 17 de julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el presidente del entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Con la firma de este convenio se consiguió que la entidad pagadora fuera esta última, es decir, el IFA, y no la Consejería, evitando de esta forma los controles y la fiscalización a la que obligan los actos administrativos.

Para financiar el sistema, la Consejería de Empleo incluyó en sus presupuestos entre 2001 y 2009 partidas presupuestarias denominadas “transferencias de financiación de explotación al IFA-IDEA” por un monto de 647.869 millones de euros. La materialización de las ayudas obligaba a la celebración de convenios particulares entre el IFA y el director general de Trabajo y Seguridad Social.

Las ayudas se daban a empresas en crisis, más de 300, cuyos ERE financiaba la Junta, o directamente a Ayuntamientos para diversas actividades y proyectos. La mayoría de las ayudas quedaban por debajo de 450.000 euros para evitar pasar el control del Consejo Rector del IDEA, sustituto del IFA, o al borde de 1.200.000 euros, límite para que las apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta. En ocasiones se quedaban a decimales para sortear estos controles.

Según la investigación judicial, en el caso de los ERE el proceso seguía los siguientes pasos. Cuando surgía un conflicto el comité de empresa llegaba a un acuerdo con la compañia, de inmediato aparecía la figura del mediador entre comité y empresario por un lado y la Junta de Andalucía por otro (Maginae Solutions, Hermes Consulting, Juan Lanzas...), brókeres y aseguradoras (Uniter SL, Vitalia Vida) encargadas de gestionar las pólizas, Una vez aprobado el ERE por la autoridad laboral, alguno de los intermediarios o responsables de la Consejería de Empleo ofrecía a la empresa la posibilidad de que fuera la Junta de Andalucía la que sufragara los gastos que conllevan las prejubilaciones mediante el pago de primas de las pólizas de seguros de rentas que se suscribían.

Gracias a los intermediarios, las compañías mediadoras (Vitalia Vida, Uniter...) recibían la relación de trabajadores e incluían a los intrusos, personas que nunca habían trabajado allí. En ocasiones a solicitud del propio Francisco Javier Guerrero.