Gestionar el final de ETA

Anteayer, todos los partidos vascos, excepto el PP; patronal, sindicatos, la Iglesia y autoridades del País Vasco, lo que se llama sociedad civil, salieron convencidos de que el cese de la violencia de ETA es irreversible por sus propias comprobaciones y por la información que, procedente de la banda, les transmitió la Comisión Internacional de Verificación. Una plataforma independiente que no es un satélite de la izquierda abertzale ni de ETA, tolerada por este Gobierno como lo fue la Conferencia de Ayete por el Ejecutivo anterior.

En ese mismo encuentro, del que el PP está bien informado, trascendió que la banda está dispuesta a pasar del cese definitivo al desarme, como reclama el Gobierno del PP. Pero le pide gestos, aunque sea discretos, antes de pasar a una nueva fase. Esos gestos discretos ya los ofreció el Gobierno de Zapatero en sus últimas semanas, tras el anuncio de cese definitivo de la violencia el 20 de octubre, con la excarcelación de presos etarras en grave estado y el acercamiento de otros a cárceles próximas al País Vasco.

Con estos presupuestos se celebró el primer encuentro entre el presidente Rajoy y el lehendakari López. Este está apremiado por la fuerte presión social vasca en favor de que a los presos de ETA se le aplique las mismas normas que a los comunes, y para que Sortu sea legal. Y, de ese modo, consolidar el fin de ETA. Una presión que no procede solo de la izquierda abertzale. Pero a la que la parálisis puede beneficiar electoralmente con su rentable explotación del victimismo.

Rajoy tiene otra presión, la de la derecha radical política y mediática, y de algunos sectores de las asociaciones de víctimas del terrorismo en las que priman los sentimientos, para que no haga absolutamente nada. Rajoy necesita tiempo para virar las posiciones inmovilistas en la derecha, alimentadas por la política que el PP hizo en la oposición, negando la evidencia: la evolución hacia el final del terrorismo etarra, que empezó a acelerarse en el otoño de 2009.

La conclusión es que Rajoy y López disienten en el ritmo de aplicación de medidas penitenciarias hacia los presos de ETA, como ayer confirmó el lehendakari, aunque también admitió que acabarán entendiéndose. Porque es mucho más lo que les une que lo que les separa. Y superarán esas diferencias porque les une lo esencial: el diagnóstico de que el cese de ETA es irreversible, como ayer Rajoy, bien informado por el líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, reconoció a Patxi López.

También les une algo tan esencial como el relato de cómo se ha llegado al final de la violencia de ETA, el impedir políticamente que el fin de la banda se convierta en una victoria de la izquierda abertzale y a partir de ahí conjugar políticas de convivencia, de memoria, de reconocimiento a las víctimas y del fin de la excepcionalidad hacia los presos de ETA. De todo esto hablaron ayer.

Rajoy necesita tiempo para introducir las medidas penitenciarias para los presos etarras. Puede empezar con el acercamiento y excarcelación de enfermos, que no implican cambio legal. Pero antes necesita arrope político. Para ello puede ser un instrumento útil el pacto de partidos y fuerzas sociales vascas que incluya la política penitenciaria, que Basagoiti propuso hace una semana, y que fortalecería la posición de Rajoy en Madrid.