El fiscal y Garzón exigen la nulidad de la “insólita” instrucción de Varela

El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas y el abogado del juez Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, convirtieron ayer la primera sesión del juicio sobre la Memoria Histórica en una descalificación global de la instrucción del juez instructor, Luciano Varela, que Navajas tachó de “insólita e insostenible” y Martínez-Fresneda aseguró que había tenido “efectos devastadores”.

Garzón compareció ayer por segunda semana consecutiva ante el Tribunal Supremo para ser juzgado, esta vez por haber investigado los crímenes del franquismo, causa por la que el sindicato ultraderechista Manos Limpias pide para él 20 años de inhabilitación. En el Salón de Plenos del Supremo, abarrotado de seguidores del juez, se sentaron observadores internacionales de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y de la Comisión Internacional de Juristas, así como abogados de organizaciones de la Memoria Histórica que presentaron las denuncias que Garzón decidió investigar.

La sesión inicial se dedicó al planteamiento de las cuestiones previas, que, de ser aceptadas, evitarán la continuación del proceso. La más extensamente expuesta, tanto por el fiscal como por la defensa, fue la nulidad de actuaciones que se derivaría de la actuación del juez del Supremo Luciano Varela, al haber dado instrucciones a Manos Limpias y a Falange Española de las JONS sobre la forma de presentar sus escritos de acusación.

El sindicato ultra copió párrafos enteros de un auto del juez instructor

Según Martínez Fresneda, ninguno de los escritos presentados inicialmente por los acusadores cumplía las mínimas exigencias legales, por lo que debieron ser rechazados y el procedimiento debió archivarse. “Lo que procedía era declararlos nulos”, señaló el abogado, pero el instructor optó por concederles un nuevo trámite para que presentaran otro escrito. “No hay precepto legal ni antecedente jurisprudencial” de esa actuación, agregó Martínez-Fresneda.

Falange no presentó a tiempo el nuevo escrito que le había pedido Varela y fue expulsada del procedimiento. Pero Manos Limpias, aún después de eliminar 55 folios de su escrito inicial, “copió textualmente párrafos enteros” del auto de 3 de febrero de 2010 dictado por el instructor, además de incluir, a requerimiento de Varela, que Garzón actuó “a sabiendas” de que su actuación era injusta.

“Fue un corta y pega del auto del instructor, ni siquiera se tomaron la molestia de corregir las erratas” aseguró el defensor, que insistió en que el juez Varela “tomó partido y perdió su imparcialidad” y “causó un serio menoscabo” a su defendido.

En su turno, el fiscal Luis Navajas, uno de los más veteranos del Tribunal Supremo, fue, si cabe, más contundente. “En mis 36 años como fiscal, jamás había visto una resolución parecida, ni en el fondo ni en la forma”, dijo sobre las indicaciones de Varela. Para el fiscal, fue una decisión “absolutamente insólita e insostenible” y la consecuencia fue “transmutar una acusación que no se sostenía” y sobre la que el juez del Supremo coadyuvó “a reconstruir lo que era absolutamente irreconstruíble”.

Lo que en un primer momento hizo el instructor fue “castrar” el escrito de acusación para quitarle los elementos sobrantes, según Navajas, pero lo que debió hacer después fue “devolver a los toriles un morlaco que no estaba bien presentado”, ironizó el fiscal.

Fue la “absoluta nulidad” de la actuación de Varela lo que llevó al ministerio fiscal, aseguró Navajas, “a apoyar, por primera vez en la historia, la recusación de toda una sala del Tribunal Supremo”. El fiscal justificó esa recusación de cinco magistrados, que “afortunadamente” aceptó la Sala Especial del 61, en “evitar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dijese que nuestro Tribunal Supremo vulneró normas esenciales del procedimiento”.

Tanto el defensor como el fiscal plantearon también la aplicación de la doctrina Botín, —conocida así por haberse aplicado al presidente del Santander en el caso de las cesiones de crédito—, que impide abrir juicio a un acusado cuando no hay más acusación que la popular, como en este caso. Martínez-Fresneda defendió que Manos Limpias no está legitimada para acusar en solitario a Garzón y que el delito de prevaricación no se encuentra entre los que puede sostenerse solo por una acusación popular. Lo habitual es que de ese delito acuse el perjudicado por la prevaricación.

Navajas defendió vehementemente que es la Constitución la que otorga al Ministerio Fiscal la defensa de los intereses públicos. “El Ministerio Fiscal no necesita ayuda para defender todos los derechos con éxito y defender la legalidad. Que no se nos sumen al pelotón corredores adhesivos, que no los necesitamos para nada”, dijo, en alusión a Manos Limpias.

Previamente, el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, se opuso a todas las cuestiones previas de la defensa y pidió la continuación del juicio. Ruiz Infante expresó su “respeto por las víctimas” pero dijo que el objeto del proceso era ver si se había cumplido o no la ley. El abogado sostuvo que Varela se había limitado a “perfilar” el escrito de acusación de Manos Limpias y frente a la aplicación de la doctrina Botín, dijo que debe prevalecer el “interés público” de conocer si Garzón investigó los crímenes del franquismo sin tener competencia para ello.

El presidente del tribunal, Carlos Granados, levantó la sesión hasta el próximo martes, en que se dará a conocer la decisión sobre las cuestiones previas y, si no se aceptan, se iniciará el interrogatorio de Garzón.