La Audiencia de Castellón amplía el 'caso Fabra' a un exdiputado del PP

Después de casi dos meses, desde que se reunieron, a deliberar por primera vez, la Audiencia de Castellón ha decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP en el llamado caso Fabra. Así, amplía el número de imputados, que se limitaba a cuatro, al exdiputado y exsenador del PP por Castellón Miguel Prim. La acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, había pedido que se ampliara el número de imputados en el caso que llevará al expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente del PP provincial Carlos Fabra, al banquillo de los acusados. Solicitó que se imputara a varios ex altos cargos de la Administración central en la época de Aznar, responsables de los ministerios de Agricultura y Sanidad ante los que Fabra trató, supuestamente, de agilizar la autorización de los productos de su entonces amigo, el empresario Vicente Vilar, que acabó denunciándole por cobrarle “cantidades millonarias” a cambio de favores políticos.

Después de que la fiscalía pidiera el archivo para estos dirigentes, en diciembre de 2010, la Audiencia ha decidido atender, en parte, la solicitud de la acusación popular, por lo que Prim también será juzgado por tráfico de influencias.

La resolución de la Audiencia, incomprensiblemente larga, no provocó la paralización de otro plazo, el otorgado por el Juzgado de Primera Instancia de Nules para presentar los escritos definitivos sobre el caso Fabra después de que el Supremo revocara otra decisión de la Audiencia provincial que pretendió limitar a uno los delitos fiscales por los será juzgado. Sin embargo, la ampliación de las imputaciones sí que supondrá un leve retraso (apenas diez días), ya que las acusaciones habrán de ampliar su escrito de conclusiones. Fuentes consultadas aseguran que el nuevo encausado no puede recurrir la decisión de la Audiencia al Supremo, con lo que el juicio se mantendría para este año.

Prim fue el diputado a través del que Fabra, supuestamente, realizó gestiones ante el Ministerio de Agricultura, cuando esta cartera estaba bajo la dirección de Miguel Arias Cañete. La intención, según las acusaciones, era tratar de agilizar las autorizaciones para productos fitosanitarios que fabricaba y comercializaba Vicente Vilar, el empresario que acabó denuncia a Fabra por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El entonces diputado remitió un escrito al ministro, que desembocó en la apertura de una investigación interna para determinar si había algún problema especial con las peticiones de autorización formuladas por Vilar. Además, el empresario desveló haber pagado una subvención a la falla del hijo de Prim cuando el hijo del ahora ex senador del PP, Miguel Prim, ocupaba el cargo de vicepresidente de la misma y que su pago fue "por el trabajo que Prim realizaba en los ministerios". La falla confirmó el pago pero la Audiencia considera que solo debe ser juzgado por tráfico de influencias.

Preparando la fianza

El dictamen de apertura de juicio oral contra Fabra señaló además la imposición de una fianza de 4,2 millones de euros para el presidente provincial del PP. La hija del encausado y también diputada por Castellón, Andrea Fabra, ha afirmado que su padre todavía no la ha aportado "porque hasta ayer no se le había notificado el auto a las partes afectadas". El presidente provincial del PP de Castellón está esta mañana reunido con su equipo jurídico, ha explicado su hija.