El PP endurecerá los controles internos sobre corrupción política

Gürtel, Brugal, Emarsa, herencias políticas incómodas, tensiones. En una palabra, malestar. Un sentimiento peligroso que recorre el PP, sobre todo en la Comunidad Valenciana, y que tiene una causa principal: los escándalos de corrupción que han salpicado al partido en los últimos años.

En este contexto, con el objetivo de conjurar un efecto explosivo si ese clima se extiende, la formación de gobierno ha decidido endurecer el sistema de controles internos para intentar evitar malas prácticas y nuevos casos de corrupción. Así lo ha planteado el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, dejándolo negro sobre blanco en el capítulo dedicado a la regeneración democrática de la ponencia que entregó a la dirección nacional con vistas al congreso que se celebrará del 17 al 19 de febrero. Y lo ha hecho ante las desavenencias que han llevado al enfrentamiento entre los tres poderes valencianos (Generalitat, Diputación y alcaldía), en primer lugar a cuenta de la causa de los trajes que se juzga ahora y que ha sentado en el banquillo al expresidente Francisco Camps y al exsecretario del PP regional Ricardo Costa.

El dirigente popular lamenta en ese documento “la desafección de una parte importante de la ciudadanía hacia los partidos y los políticos y el consiguiente distanciamiento entre ambos”, según adelantaron ayer fuentes de Génova. Todo ello, “debido a causas como la corrupción, la gestión negligente, el derroche del dinero público o la creación de problemas políticos donde no existían”.

El PP afirma que “considera necesario poner en valor la defensa del interés general, las conductas ejemplares y la gestión pública rigurosa, así como conseguir una mayor implicación de los ciudadanos en los controles y en las actuaciones de sus gobernantes”. Lo anunció ayer la dirección nacional en una nota difundida por la mañana y que horas más tarde rectificó porque en el titular faltaba “la palabra [partido] de centro”.

Al margen de la anécdota, la apuesta de Basagoiti parece firme, al menos sobre papel, aunque falta de concreción: los gestores públicos tienen que responsabilizarse “de las consecuencias de las decisiones que puedan contravenir la racionalidad o la eficiencia o que se puedan prever gravosas para el futuro”. Por ello, asegura, “defiende mayores controles internos a fin de evitar conductas personales poco éticas y que solo persigan sus propios intereses”.

El documento censura "las conductas poco éticas e interesadas"

No es la primera vez que el PP plantea la modificación de su código de conducta. Lo hizo, por ejemplo, en 2009. En definitiva, se trata de una cuestión de imagen, y las imágenes para los políticos son determinantes. En esa ocasión, ante el estallido del Gürtel, Génova prohibió “aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales”. También intentó promover la transparencia, aunque lo consiguió a medias, ya que averiguar determinados gastos e ingresos sigue siendo una empresa más que compleja.

El congreso de febrero abordará también “la recuperación del concepto de nación”. En ese contexto, según la ponencia política, “es procedente considerar reformas que aseguren y actualicen los valores del pacto constitucional tales como fijar un núcleo básico de competencias indelegables por el Estado así como la capacidad de las Cortes Generales para llevar a cabo reformas que requieren un tratamiento común en el conjunto del Estado; asegurar la utilización de las lenguas oficiales en la enseñanza; garantizar la unidad de actuación exterior del Estado; actualizar el objeto y procedimiento de reforma de los Estatutos de autonomía”.

Basagoiti se pronunció ayer también sobre la polémica medida propuesta por Cristóbal Montoro con una modificación de la ley para poder castigar con penas de cárcel a los políticos que incumplan los objetivos de déficit. Fuentes del propio Ejecutivo han descartado, “por inviable y disparatada”, la medida. Pese a eso, los dirigentes del PP no se atreven a desautorizarla e incluso llegan a defenderla en público. Basagoiti, por ejemplo, ha declarado que apoyaría la iniciativa de Montoro y hasta ha llegado a plantear que los gestores públicos deben “responsabilizarse” de sus decisiones “gravosas y negligentes” y responder con su patrimonio.